El Partido Popular, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Andrés Núñez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para valorar el proceso de aprobación de la ordenanza de regularización que, “según parece y hemos visto en los medios de comunicación, va a llevarse a pleno este viernes”.
Núñez afirma que “desde el PP hemos advertido de la ilegalidad de este acuerdo. Y es algo que es una cuestión de pura lógica y sentido común. No se puede aprobar una norma de desarrollo, como la ordenanza de regularización, de otra norma superior que no existe y que en este caso representa el PGOU”. En concreto, el edil popular alude, como ejemplo de otras muchas, a una sentencia de 19 de octubre de 2011 del Tribunal Supremo, en la que aclara que “la inexistencia de un Plan General impide la aprobación definitiva de un documento de desarrollo e incluso el nacimiento de dicho documento”.
Así, el presidente de la formación popular en Chiclana manifiesta que “por sentido común, por principio de jerarquía normativa básico, lo que quiere hacer el Gobierno municipal de PSOE y Ganemos raya la prevaricación. Y no puede escudarse en un informe que no entra a valorar dicha circunstancia para decir que es legal”.
Es decir, que según el alto tribunal, “tampoco vale el argumento esgrimido de que se puede aprobar inicialmente para que su aprobación definitiva llegue cuando se apruebe el PGOU. Esto no lo dice el PP, sino que el Tribunal Supremo lo tiene fijado de manera reiterada. Por eso nos atrevemos a decir que casi raya el delito”.
En este contexto, Andrés Núñez sentencia que “el PP no va a ser cómplice de esta tropelía, de este casi delito que va a cometer el Equipo de Gobierno. Cada cual es responsable de manera personal de lo que vota”.
Por este motivo, desde el Partido Popular adelantan que “vamos a mostrar una posición frontalmente opuesta, porque no vamos a ser cómplices de esta payasada del Gobierno local. Queremos seguridad jurídica, pues no queremos que si decae el Plan General, por ejemplo, pues no hay que olvidar que puede verse afectado por la Declaración Ambiental Estratégica, los ciudadanos tengan que seguir pagando a los bancos los préstamos que se vean obligados a pedir para acometer la urbanización sin que ésta pueda llevarse a cabo”.
Ocultar la realidad
El líder de los populares chiclaneros subraya que otro aspecto censurable de la gestión del Gobierno local de este asunto es el “pretender aprobar en julio y agosto una norma que afecta a unas 13.000 familias, con lo que hay ciudadanos que pueden que no estén estas fechas en la localidad y no puedan enterarse ni informarse”.
Tal hecho, para la formación popular, “pretende obviamente intentar reducir al máximo las alegaciones, porque se busca que la gente no se entere del contenido real de las ordenanzas, que el PSOE ha vendido como un exitazo, cuando es una auténtica mentira como un castillo que por 9.000 euros los ciudadanos van a tener acceso a los servicios básicos”.
Dicha “mentira no es la única que han tenido que sufrir los ciudadanos, ya que desde el Gobierno municipal engañaron diciendo que iban a reducir los suelos inundables en un 90 por ciento, también que con el Decreto 2/2012 todo el mundo iba a tener servicios básicos y ahora dicen esto”.
En esta línea, “como ejemplo de esta gran mentira” el Partido Popular pone a la Rana Verde, la zona donde más accesible es la urbanización y la conexión a los servicios básicos. En el plazo de siete años hay que abonar la cuantía total de la regularización, que asciende a unos 40.000 euros. Y si el ciudadano no paga, el Ayuntamiento está obligado a embargar al titular de la vivienda para llevar a cabo la obra de urbanización. Esto es lo que el PSOE quiere que la gente no sepa. Hay una voluntad clara y manifiesta de que el ciudadano no se entere del procedimiento”.
Para Andrés Núñez, “éste no es un procedimiento en el que haya que correr, sino que lo que precisa es seguridad jurídica, pues afecta a 22 millones de metros cuadrados, que afecta a la mitad de Chiclana y a cerca de 13.000 familias. Por eso no tiene que haber prisas. Hay que darle a los ciudadanos información veraz y cierta, decir cómo es el procedimiento y las consecuencias que puede tener el adherirse. Hay que hacer una labor didáctica y conseguir ahorrar los costes al máximo, cuando la realidad es que en la Rana Verde, que ya tiene dado pasos de los servicios básicos, la cantidad total es de unos 40.000 euros a abonar en siete años”.
En definitiva, desde el PP consideran que “se está intentando ocultar a la ciudadanía la realidad de este proceso, todo para generar titulares de prensa y seguir engañando a los ciudadanos. Si hay alguien que no cree en el proceso de regularización es quien engaña a los ciudadanos y a sabiendas pone en riesgo la norma jurídica que va a regir el proceso de regularización. Esto demuestra una gran falta de altura de miras desde el alcalde al último concejal del equipo de Gobierno, incluido el cómplice concejal de Ganemos”.
