Con el objetivo de analizar el desarrollo del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Chiclana y la Delegación del Gobierno y Servicios de Justicia de la Junta de Andalucía para la ejecución de medidas judiciales sobre menores infractores, alternativas a las privativas de libertad, que se lleva desarrollando en la ciudad desde el año 2008, representantes de ambas administraciones han mantenido un encuentro en las instalaciones de la Delegación Municipal de Educación. En concreto, en dicha reunión han asistido la trabajadora social del Plan de Acción en Materia Educativa, la trabajadora social del equipo de Educación y referente del Proyecto de Justicia Juvenil, la jefa de servicio del departamento de Justicia de la Delegación de Gobierno, la titulada superior del Departamento de Justicia Juvenil de dicha delegación, un representante del equipo de Intervención Educativa y de Menores de la Policía Local, una mediadora de la asociación Alternativa abierta, un educador del Servicio Integral de Medio Abierto, el responsable de las medidas en medio abierto) y la presidenta de la Asociación Arrabal de Chiclana.
De esta forma, en la reunión se ha llevado a cabo la presentación de la evaluación del curso 2016/2017 sobre el desarrollo de estas medidas alternativas a las privativas de libertad por parte de menores infractores en las distintas delegaciones municipales y/o entidades sin ánimo de lucro. En concreto, aclarar que, a través del equipo del Servicio Integral de Medio Abierto, se ha ejecutado un total de cuatro prestaciones en beneficio de la comunidad, de las cuales dos se han desarrollado en la Asociación Arrabal, una en Cruz Roja Española y otra en la Delegación de Mujer. “Estamos hablando de unos datos muy positivos, ya que Chiclana está por debajo de la media en delincuencia juvenil”, indica el responsable del área, Joaquín Páez, quien ha aclarado que, “si comparamos con los cursos anteriores, podemos comprobar cómo ha descendido el número de casos de forma significativa”.
“Estamos convencidos de que estos datos son fruto del trabajo preventivo que se lleva a cabo desde la Delegación de Educación, concretamente desde el Proyecto de Justicia Juvenil, donde además se trabaja desde la prevención con la asignatura Educando en Justicia”, destaca Páez, quien aclara que “esta asignatura “pretende que los menores adquieran los conocimientos necesarios para desenvolverse como ciudadanos capaces de ejercer sus derechos y deberes en una sociedad que necesita cada vez más para su correcto funcionamiento de ciertas habilidades de convivencia”.
Hay que recordar que las medidas judiciales y extrajudiciales no privativas de libertad consisten en la realización por parte del menor infractor de diversas actividades de utilidad pública o social, que en la medida de lo posible están relacionadas con el tipo de delito cometido. Esta conexión aumenta la capacidad rehabilitadora de la sanción, desde una participación activa en la comunidad ya que, bajo la supervisión del educador, potencia que el menor infractor se responsabilice de sus actos y de las consecuencias que éstos tienen. Los objetivos de estos trabajos tienen una esencia reparadora, una función reeducativa a la vez se hace algo útil, y una finalidad restitutiva para la comunidad, a la vez que ejemplarizante e integradora. Concretamente en este ayuntamiento se llevan a cabo las medidas de prestación en beneficio de la comunidad (PBC) y actividad educativa repadora (AER).
