El Partido Popular de Chiclana se suma a la iniciativa de la formación a nivel nacional y recogerá firmas en la localidad contra la Ley Celaá. Se trata de una campaña que sirve como adhesión al manifiesto de la Plataforma Más Plurales.
En rueda de prensa, el dirigente popular José Loaiza ha señalado que “la conocida como Ley Celaá supone retrotaernos a la LOGSE, lo que supone volver a un 30% de fracaso escolar. Con esta ley se pone en peligro el futuro de nuestro estudiantes, pero va más allá, porque hace lo mismo con el de los españoles y de España en general”.
Según Loaiza, que ha estado acompañado por la presidenta local, Ascensión Hita, la senadora Teresa Ruiz-Sillero, el secretario general, Jesús Galvín, y el concejal Germán Braza, “el problema es que se pretende reducir la calidad del sistema educativo, porque se baja el nivel de exigencia y se permite conseguir títulos con suspensos”.
Igualmente, el Partido Popular señala que se rebaja el papel de los inspectores de Educación. “Ya no habrá que opositar, sino que estos puestos tan importantes, serán nombrados por políticos, algo que va dirigido a adoctrinar”.
Por otro lado, la campaña de firmas del PP busca impedir que se ponga en marcha “una ley que discrimina, porque elimina el castellano como lengua vehicular allí donde hay lenguas cooficiales, como es el caso de Cataluña”.
Asimismo, la discriminación se da con la supresión de la libertar de los progenitores de elegir el centro que quieren para sus hijos. “Será el gobierno quien imponga los centros, algo que no es más que un argumento político sectario”.
En este sentido, José Loaiza subraya que “es falso que el PP no quiere la educación pública y la ataca en favor de la concertada, pero lo que sí es cierto es que Ley Celaá es un ataque a la concertada”. Sobre este aspecto, recuerda que fue el PSOE, con Felipe González, quien instauró la educación y la sanidad concertadas en España.
La eliminación de la autonomía de los centros educativos los hará menos competitivos, en palabras de Loaiza. “Al ser el gobierno el que elija los centros en los que estudiarán nuestros hijos, se elimina esa competitividad existente hoy por posicionarse como centros atractivos para estudiar”, afirma.
Para el Partido Popular, todo conduce a un camino, “el adoctrinamiento”, algo que incluso finalizará en un “aborregamiento”, según José Loaiza.
La falta de consenso, “pues es una ley impuesta en la que no se ha negociado ni hablado con la comunidad educativa”, es otro de los argumentos que llevan a pedir apoyo con la recogida de firmas en Chiclana.
“Es una ley que se ha llevado por urgencia, impuesta de manera unilateral, y que además supone un ataque contra la educación especial, al eliminar la posibilidad de los padres de elegir el centro de sus hijos. ¿Alguien puede poner en duda el papel de instituciones tan importantes como Afanas”.
“Nos jugamos el futuro de nuestros hijos”, manifiesta Ascensión Hita, presidenta de los populares chiclaneros, quien destaca que “no podemos volver a una ley que no valora el esfuerzo y en la que se pasa con suspensos”.
Por tal motivo, anuncia que “estaremos en la calle y abriremos nuestra sede para quien quiera apoyar la campaña de recogida de firmas con la que evitaremos que la Ley Celaá condicione de manera negativa el futuro de nuestros hijos”.
El caso de Andalucía
Para José Loaiza, la manera de defender la educación tiene dos posiciones enfrentadas: la del gobierno de PSOE y Podemos y la del gobierno andaluz de Juanma Moreno.
Así, destaca que “frente a la imposición de la Ley Celaá, Juanma Moreno se ha sentado con hasta 80 colectivos para buscar firmar un gran pacto educativo; una mesa de la que únicamente se han levantado PSOE y Podemos, curiosamente”.
Además, el PP acude a los números para defender “con datos objetivos la apuesta de Juanma Moreno y el PP por la educación en Andalucía”.
De esta forma, resalta la inversión de 7.400 millones de euros en Educación, “una partida histórica que supone el 5% del PIB, y que supone 1.000 millones más de lo invertido por el PSOE en Educación”.
También hay que añadir “los 29 millones de euros más que dedica para la educación especial y los 24 millones para la concertada”.
Y, por último, destaca los 130.000 docentes y las 171 unidades más que existen hoy en la enseñanza pública gracias a la aportación y la implicación en los dos últimos años del gobierno en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.
