En una querella presentada ante el Juzgado correspondiente designado por la Audiencia Nacional, Herrero Brigantina, una empresa dedicada a la venta de productos aseguradores, enfrenta acusaciones de incumplimiento de contratos y desviación de fondos a otros fines. Se estima que alrededor de 1.400 inversores en la provincia de Cádiz podrían estar afectados por esta presunta estafa, tal y como indican desde el Bufete Ortiz Abogados, ofreciendo datos "la Unidad de Delitos Económicos Financieros (UDEF) de la Policía Nacional". En este sentido, José Luis Ortiz, abogado que representa a muchos de los afectados, asegura que "el chiringuito financiero Herrero Brigantina incumplía los contratos de productos desviando el dinero a otros fines".
En el año 2022, comenzaron a surgir problemas, como retrasos en los rescates de clientes, embargos y cambios en las condiciones laborales de los empleados. La situación se agravó con la presunta creación de productos ficticios y la desaparición de fondos de los clientes.La querella, formulada en base a los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, detalla la evolución de Herrero Brigantina desde sus inicios como correduría de seguros hasta la creación de productos financieros propios de alta complejidad. Se alega que la empresa eludía el pago de impuestos al ofrecer préstamos a clientes por la misma cantidad transferida, en lugar de abonar el correspondiente Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Entre los productos comercializados se encuentran cestas de Unit Linked, los cuales supuestamente eran adquiridos a través de aseguradoras, aunque se argumenta que esto era imposible dado que estas solo pueden vender dichos productos a distribuidores exclusivos. Además, se señala la creación de empresas paralelas, como North Atlantic Insurance Broker Company, y la introducción de nuevos productos opacos.
La querella destaca que en 2020, la facturación de Herrero Brigantina alcanzó los 29 millones de euros, y en 2022, la empresa disparó su facturación llegando a los 39 millones de euros a través de su filial NAIBC. Sin embargo, el documento presenta la presunta desviación de fondos y la falta de transparencia en las inversiones, llegando al punto de ofrecer un producto inexistente, el TOP 25 AXA, que facturó 13 millones de euros en dos meses.
La querella también describe cambios significativos en la estructura de la empresa en 2022, con la disolución del consejo de administración y la entrada de una familia colombiana en puestos clave. Se menciona la falta de formación y experiencia en el sector financiero de algunos miembros de la nueva estructura, como recepcionistas de hotel y camareras de restaurantes.
En el año 2022, comenzaron a surgir problemas, como retrasos en los rescates de clientes, embargos y cambios en las condiciones laborales de los empleados. La situación se agravó con la presunta creación de productos ficticios y la desaparición de fondos de los clientes, siempre según indican desde el despacho de abogados en la querella presentada.
La querella solicita diligencias instructoras, incluyendo la declaración de los representantes legales de Herrero Brigantina como investigados, testimonios de querellantes y empleados clave, como Charo Prieto, exdelegada de la zona norte, y comerciales como Pedro Sánchez Ferrer y Elisabeth, entre otros. También se solicitan medidas cautelares, incluyendo la búsqueda y captura de los querellados y embargos preventivos de bienes por un importe de 10 millones de euros.
La noticia arroja luz sobre una presunta trama de estafa financiera que afecta a numerosos inversores en la provincia de Cádiz, generando preocupación y llamando la atención de las autoridades judiciales.
