La Guardia Civil de Montijo (Badajoz) investiga a una empresa cordobesa dedicada a la compraventa de vehículos tras manipular los cuentakilómetros una vez que eran importados y adquiridos en sociedades alemanas, francesas e italianas.

Según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil, hasta el momento son 180 los vehículos en los que se ha demostrado la alteración de sus kilómetros, oscilando entre 20.000 y 240.000 kilómetros cada uno de ellos.

El responsable de la empresa cordobesa, al que se considera autor de delitos de estafa y falsedad documental, habría obtenido un beneficio económico de unos 2.500 euros por cada uno de los vehículos, con un montante global de 450.000

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Capulus”, inició una investigación a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la localidad pacense de Puebla de la Calzada, quien comunicaba a los agentes haber sido estafado en la compra de su vehículo, adquirido a través de internet a una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano con sede en Córdoba.

Hecho que esta persona corroboró tras pedir un certificado histórico a la marca y comprobar el desfase de kilómetros existentes entre los marcados en el odómetro y los reales, siendo la diferencia de más de 100.000 kilómetros.

Ante la sospecha de que esta empresa previa a la matriculación nacional, podría estar manipulando los odómetros de los vehículos que vendía con el fin de reducir el kilometraje real y así revalorizar su precio en el mercado de ocasión, haciéndolos más atractivos a los compradores, se inició una laboriosa investigación de más de un año.

Con las inspecciones llevadas a cabo y análisis documental, se pudo constatar que la entidad cordobesa importaba los vehículos desde Alemania, Francia e Italia y previa a su matriculación nacional, modificaba los kilómetros reales anotados tanto en las facturas de compra expedidas por las empresas europeas como de sus odómetros.

Así fue como se detectó la estafa y falsedad documental de un total de 180 vehículos vendidos a vecinos de diferentes provincias españolas, en su mayoría pertenecientes a Andalucía.

Con las pruebas incriminatorias, al gerente mercantil de la empresa implicada en la acción delictiva se instruyó diligencias y han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial de Córdoba.