Cuatro detenidos por tratar con inmigrantes para fincas agrícolas

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas por su presunta pertenencia a una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en fincas agrícolas de la localidad cordobesa de Palma del Río.

El instituto armado ha informado de que la denominada operación "Balma" se inició tras conocer que en Palma del Río una organización criminal, dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en fincas agrícolas de la zona, estaba aprovechando la gran demanda de trabajo existente.

La organización, además de pagar a los migrantes menos de lo estipulado en los convenios agrícolas, les alquilaba "pisos patera" por un precio muy superior al del valor del mercado, e incluso les prometían que si trabajaban para ellos y aguantaban les conseguirían regular su situación en España.

Posteriormente, las víctimas trabajaban en las fincas agrícolas de forma fraudulenta, sin contratos ni altas en la seguridad social, explotándoles en la recolección y obligándoles a realizar largas jornadas.

Los investigadores constataron que el "cabecilla" de la organización presuntamente impartía instrucciones a los trabajadores en situación irregular para que se aprendieran de memoria la identidad de otras personas en situación regular y así dificultar su identificación por parte de la inspección de trabajo.

Además, esto provocaba que los dueños de las explotaciones agrícolas desconociesen la situación de las personas que iban a sus terrenos, creyendo que todos los trabajadores estaban contratados de forma legal.

Durante el desarrollo de la operación, se ha llevado a cabo un registro en el domicilio del principal investigado, en el que se ha intervenido numerosa documentación personal de las víctimas, como documentos de identidad nacionales de su país, libretas de apuntes sobre el trabajo o recibos de pagos de alquileres.

En 2021 la Guardia Civil ha llevado a cabo en la provincia de Córdoba un total 26 inspecciones preventivas en lugares donde podrían existir víctimas de explotación laboral o sexual, identificando a 806 personas.