La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha avanzado este miércoles que la provincia "ha registrado en lo que va de año 114 agresiones a los profesionales del sistema sanitario público andaluz, de las que el 5,26 por ciento han sido físicas".
Así lo ha señalado Botella, tras presidir la reunión de la Comisión Provincial de Agresiones a Profesionales de la Salud de Córdoba, que es el órgano constituido para seguir y coordinar las incidencias en este ámbito y en el que están presentes los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los responsables de las unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros sanitarios, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y los letrados de la Administración sanitaria.
En este sentido, Botella ha agradecido "el esfuerzo de los profesionales que día a día trabajan, en el marco del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del SAS, implementando medidas formativas, de planificación e instrumentales para tratar de reducirlas".
Así, la provincia de Córdoba cuenta en sus centros sanitarios con 694 cámaras de seguridad, 206 GPS en ambulancias, 134 interfonos, 1.349 salidas alternativas, 1.562 dispositivos de 'software' antipánico, 995 teléfonos, 206 timbres en ambulancias, 488 timbres en consultas, 27 alarmas individuales y 44 tarjetas magnéticas, entre otras medidas.
En este ámbito, la delegada territorial ha destacado la importancia de la labor preventiva y también la posterior a una agresión, en las que es determinante la actuación y labor conjuntas de Guardia Civil y Policía Nacional, "que diariamente trabajan para mantener y garantizar la seguridad en los centros sanitarios", siendo también "necesario que nos concienciemos de que no se puede justificar, bajo ningún concepto, que un profesional del sistema sanitario público sufra un acto violento por desarrollar su labor".
El Plan contempla la asesoría jurídica de los profesionales que deciden denunciar. De esta manera, la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Córdoba ha tramitado nueve expedientes de agresiones a profesionales del sistema sanitario público en lo que va de año, insistiendo Botella en que "es importante que un profesional denuncie las agresiones que sufre, porque ante este tipo de hechos debemos mostrar tolerancia cero".
Todos los profesionales han coincidido en que los datos que se están registrando en este año se asemejan a los registrados antes de la pandemia del Covid y han aludido al Plan de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales del SAS, aprobado hace dos años, que incorporó como novedad un programa especial de acompañamiento al profesional agredido.
También se creó la figura de un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. El profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.
A los efectos de aplicación de este plan, se considera agresión "la violencia física, insultos graves, amenazas, coacciones y todo tipo de hechos, actos o comportamientos que supongan cualquier forma de acoso o persecución de los profesionales del ámbito sanitario, ejercida por pacientes, acompañantes o usuarios, sufrida en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de estas", según ha explicado la delegada.
El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y ha venido a reforzar además las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
Igualmente, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales, que también se reforzarán, y también integró las aportaciones de un grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y Consumo y en el que han participado los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración sanitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
