Los grupos de PP, Cs, PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este martes en un Pleno Extraordinario, con la abstención de Podemos y el edil no adscrito, David Dorado, y el voto en contra de Vox, la proposición del delegado de Presidencia y Políticas Transversales, Seguridad y Vía Pública y Movilidad, Miguel Ángel Torrico, sobre la aprobación definitiva de la ordenanza de circulación, seguridad vial y movilidad sostenible.
En este sentido, el concejal ha remarcado que es una ordenanza sobre la que llevan "trabajando bastante tiempo", casi dos años, y ha valorado que "se han aceptado una serie de alegaciones puntuales del Consejo del Movimiento Ciudadano y la Plataforma Carril Bici --como la ampliación de la distancia de seguridad para el adelantamiento de bicis en el casco urbano--".
Además, ha subrayado que "lo más destacable", fruto de una alegación del Consejo del Movimiento Ciudadano y ante la obligación legal, es lo relativo a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que coincidirá con la zona Acire, en principio, pendientes del estudio técnico encargado que "dará las pautas definitivas en cuanto a mediciones de contaminación y flujo de vehículos", entre otros aspectos.
En palabras del edil, "la ordenanza supone una regulación absolutamente ejemplar y consensuada sobre cómo ordenar la convivencia en la ciudad, entre los peatones, siempre eje fundamental de la movilidad, y el resto de vehículos", de ahí que haya agradecido las distintas aportaciones y ha aseverado que se seguirá trabajando en la Mesa de la Movilidad que la ordenanza contempla.
Por su parte, el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha elogiado que se han aceptado la mayoría de las propuestas de su grupo, siendo "una ordenanza necesaria para la ciudad", pero ha criticado que va "tarde, porque calificar la ZBE por la puerta de atrás es que el gobierno no es capaz de poner en marcha la Ley nacional para que haya bajas emisiones en el casco histórico al estar en plena campaña electoral". Ante ello, ha asegurado que vigilarán que "se cumpla la normativa nacional y denunciar en el momento que no se cumpla".
La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que era "necesaria una actualización de la ordenanza", debido, entre otros puntos, al uso de los patinetes, "un auténtico peligro, tanto para los usuarios, como los viandantes", si bien no están de acuerdo en "seguir avanzando en las restricciones y en las libertades de las personas", y cree que el estudio técnico es "una trampa, con una patada hacia adelante y no tener que afrontar este asunto en profundidad en plena campaña electoral".
Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha lamentado que coincidan la ZBE con la Acire y "se plantea un truco que pervierte el sentido de la ZBE en el Real Decreto", defendiendo que "hay que mejorar la calidad del aire, mitigar las emisiones de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética", de modo que "no se avanza nada y se empeora un poco", ha reprochado, para enfatizar que "hay que reducir drásticamente el tráfico y restringir el uso del vehículo privado".
En relación también con la movilidad, se han desestimado las alegaciones presentadas por eTaxi y la Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) y se han aprobado las tarifas del taxi para el año 2023, con el voto a favor de PP, Cs, PSOE, IU y Vox y la abstención de Podemos y el edil no adscrito, precisando el delegado del área, Miguel Ángel Torrico, que "se recoge la petición de la asociación mayoritaria en el sector, siendo conscientes de que a nadie le gusta incrementar las tarifas".
No obstante, el concejal ha declarado que "se entienden las razones más que justificadas, con incremento de costes, fundamentalmente por los combustibles", a lo que ha agregado que las tarifas en la ciudad están en "una posición medio-baja" respecto a otras capitales e "inferior a la media nacional".
Al respecto, desde Facua han calificado de "desmedidas y discriminatorias" las nuevas tarifas del taxi para 2023, que harán, entre otras cosas, que "los usuarios de las barriadas de Alcolea, Villarrubia o El Higuerón tengan que pagar más que las del resto de la capital, un 1% en la tarifa 1 y el 1,9% en la tarifa 2".
Según ha expuesto en una nota, es "un despropósito que todos los grupos municipales se hayan plegado a los intereses monopolísticos de la asociación mayoritaria del taxi, Autacor, aprobando en esta ocasión unas tarifas discriminatorias que llegan a diferenciar entre usuarios de primer y segundo grado por el simple hecho de vivir en esas barriadas de la periferia".
Asimismo, Facua ha reprochado que "ninguno de los partidos políticos con representación en el Consistorio ha tenido en cuenta las alegaciones que hasta en dos ocasiones fueron presentadas por la asociación, donde se dejaba de manifiesto la falta de rigor en la propuesta de las tarifas de Autacor, con contradicciones en gastos y careciendo, entre otras cosas, de fundamentos mínimamente razonados y justificados".
