La Subdelegación del Gobierno de Córdoba abrirá un expediente administrativo de sanción al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por alargar su marcha por la provincia hasta el pasado jueves, un día después de lo comunicado y aprobado por las autoridades, según han indicado a Europa Press fuentes de la Subdelegación.
Las mismas fuentes han precisado que desde el departamento regido por Juan José Primo Jurado se encuentran a la espera de recibir el informe de la Guardia Civil sobre los hechos para abrir esta sanción, que conllevará un importe monetario cuya cantidad no se ha precisado.
Así, la segunda etapa de las marchas obreras del SAT por las distintas provincias andaluzas, que concluyó el pasado jueves en la capital cordobesa, estaba prevista y autorizada en un primer momento para los días 20 y 21 de agosto. Posteriormente, las fuentes han indicado que el sindicato presentó en plazo la petición para emplazar la misma a los días 21 y 22, solicitud que también fue concedida por parte de las autoridades.
No obstante, la jornada del jueves se encontraba fuera del tiempo autorizado para tal acción reivindicativa, motivo que llevará a la Subdelegación a abrir este expediente que, según asegura, es la medida que se toma "siempre en este tipo de circunstancias", manteniendo que no se trata de "ningún caso excepcional".
La marcha del SAT por la provincia cordobesa estuvo marcada por la acción reivindicativa del martes, cuando cientos de personas entraron de forma "pacífica" en el caserío de Moratalla, en el término municipal cordobés de Hornachuelos, donde permanecieron hasta primera hora del miércoles. El dueño de la finca ha presentado denuncia por los hechos viendo la demora y los usos que le estaban dando al recinto, habilitado como hotel, pero aun no puesto en marcha.
Por otro lado, esta semana el SAT suspendió la marcha prevista para los días 23 y 24 desde el municipio de Antequera a Málaga después de que la Subdelegación del Gobierno en Málaga prohibiese la misma al afirmar que la comunicación no se hizo dentro del plazo de antelación fijado por ley, un extremo que los sindicalistas consideran "puras excusas y pretextos vanos", emplazando su celebración en fechas próximas.