La alcaldesa de Almodóvar del Río (Córdoba), María Sierra Luque (IU), quien este miércoles había pedido a los administradores concursales de los Laboratorios Pérez Giménez "que investiguen a fondo" en el seno de la empresa, ubicada en su municipio, y que "tiren de la manta si hace falta para sacar a la luz la nefasta gestión que se ha llevado a cabo en los últimos años, donde hay responsables políticos" del PSOE, ha anunciado este jueves que, además, el Ayuntamiento está estudiando denunciar dicha gestión "por la vía penal".
En declaraciones a los periodistas, Luque, quien ha tomado parte en la concentración que han protagonizado este jueves ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba los trabajadores de Laboratorios Pérez Giménez, para expresar su rechazo al ERE anunciado por los administradores concursales de la empresa, ha explicado que, en su día "el Ayuntamiento de Almodóvar apostó muy fuerte por una empresa que era viable, pero desde que intervino Rafael Velasco (exvicesecretario general del PSOE-A) vienen los problemas".
En este sentido, la alcaldesa de Almodóvar ha relacionado la mala situación de la farmacéutica con actuaciones en el pasado por parte de Velasco, de la ex senadora socialista Encarnación Ibáñez, del anterior administrador único, Sergio Martínez, o de uno de los imputados en el caso de los ERE José Enrique Rosendo, entre otros.
Por eso, al margen de anunciar que el Consistorio estudia interponer una denuncia, también ha pedido a los administradores concursales de la empresa que lleguen hasta el final y que "se depuren responsabilidades penales, si hace falta, ya que desde que Pérez Giménez abrió sus puertas (en Almodóvar) la fábrica ha estado manipulada por una mano negra llamada PSOE, que ha hecho y deshecho a su antojo, sin controlar la viabilidad de una empresa que da empleo a 200 personas".
En su opinión, "los actuales responsables deben dejar que la firma opere en su sector y olvidarse de otras épocas, en las que han utilizado los laboratorios para enriquecer a otras empresas", porque el resultado de ello es "que han jugado con el porvenir de numerosos trabajadores, que llevan ya diez meses sin cobrar sus nóminas" y con "la amenaza de un ERE que afectará a 100 contratos".