El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha decretado el embargo de los bienes del exgerente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios Antonio Navarrete, tras agotar el plazo impuesto para aportar una fianza de 830.000 euros por su posible responsabilidad civil en la causa que instruye este juzgado por supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que el juzgado hizo "una averiguación" de patrimonio del exgerente y ha procedido al embargo de diversos bienes del mismo, que sin embargo "no cubren la cuantía", según ha adelantado 'El Día de Córdoba' y precisan las fuentes.
En concreto, en febrero de 2012, el juez instructor llamó a declarar a Navarrete en calidad de imputado, pero éste se negó a ofrecer su versión de los hechos. Tras esta comparecencia, el magistrado emitió un auto en el que destacó que, al proceder de una administración pública la denuncia que abrió el caso, alejaba del asunto "cualquier sospecha de mendacidad".
En aquel documento, el juez se refería a una serie de documentos que pondrían de manifiesto la existencia de un "volumen inmenso" de transferencias a cargo del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios que habrían repercutido directamente en la cuenta corriente del exgerente, que accedió al puesto durante la etapa del PSOE al frente de la Diputación y fue cesado por el PP a finales del primer año del actual mandato.
El montante al que hace referencia el juez en su auto suma una cantidad total de 626.000 euros, superior a lo que los actuales responsables del Consorcio señalaron como que se había transferido a cuentas privadas, calculado en unos 546.000 euros. La resolución judicial detalla, entre otras, nueve transferencias por valor de 76.000 euros en las cuentas de Navarrete, 31.000 como anticipos reintegrables que nunca devolvió a la empresa de bomberos, 56.800 en concepto de adelantos de nóminas o 287.466 euros mediante duplicación de pago a proveedores.
Además, se cifra en 127.860 euros la cantidad cobrada entre 2001 y 2006 como horas extraordinarias, pese a tratarse de un cargo de alta dirección. El magistrado habla de que el comportamiento del exgerente estuvo guiado por un "apoderamiento patrimonial". El Juzgado de Instrucción número 2 consideró justa la imposición de una fianza civil de 830.000 euros a Navarrete y le apercibió de que procedería al embargo de sus bienes en caso de no prestarla, tal y como ahora ha ocurrido.
Durante la gestión de Navarrete en el consorcio, se han contabilizado unos 15 millones de euros por impagos a la Seguridad Social de la cuota de los trabajadores o el no abono del IRPF de los empleados de la empresa a Hacienda, lo que ha obligado a los nuevos gestores de la empresa a poner en marcha un plan de viabilidad para salvar la entidad y garantizar el servicio con los 200 trabajadores que en la actualidad tiene.