La vicesecretaria de Fomento y Medio Ambiente del PP de Córdoba, Laura Ruiz, ha propuesto este martes que la Junta de Andalucía modifique la disposición adicional segunda de su decreto ley de la función social de la vivienda para que se suprima la expropiación del uso temporal de la vivienda. "Un decreto desautorizado por Bruselas ya que puede perjudicar la recuperación financiera de España y sobre el que Cortés --consejera de Fomento y Vivienda-- y la Junta de Andalucía deberían reflexionar", ha advertido, al tiempo que critica que el Gobierno andaluz proponga la expropiación de casas, "pero posee 93 viviendas vacías" en los municipios de la provincia cordobesa.
En una rueda de prensa, la popular ha manifestado que "la desautorización de Bruselas debe llevar al bipartito andaluz a atender seriamente a las 82 enmiendas que el PP ha presentado al decreto de Función Social de la Vivienda". Este Decreto ya está en vigor pero en fase de trámite parlamentario como Proyecto de Ley. Se trata de unas enmiendas elaboradas, ha explicado, con el fin de conseguir un texto que "sea realmente efectivo para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada" y que incida en "el fomento de la promoción pública de viviendas y las medidas de fomento del alquiler de viviendas no ocupadas".
Ruiz ha afirmado que el PP ha hecho un "ejercicio serio, constructivo y positivo" en la elaboración de estas 82 enmiendas, de las cuales 16 son de supresión, 39 de modificación, y 19 de adición. Ha añadido que la Junta "no ha garantizado" el derecho a la vivienda tal y como recoge la Constitución y el Estatuto de Autonomía "por el incumplimiento de la obligación de promoción pública de vivienda que es competencia exclusiva de la Junta", de ahí que las enmiendas del grupo popular están orientadas a "dinamizar" el mercado del alquiler y el alquiler social.
La vicesecretaria del PP de Córdoba ha destacado entre las enmiendas más llamativas la creación de un fondo para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a todas aquellas personas en especiales circunstancias de emergencia social como consecuencia de un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria o impago de alquiler de vivienda habitual. Se trataría de un fondo para aquellas personas que no se pueden beneficiar de las medidas de suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ya ha paralizado los lanzamientos y ha regularizado la dación en pago.
Al respecto, el fondo tendría una dotación anual mínima equivalente a los intereses de los depósitos de las fianzas de arrendamientos de las viviendas del parque público de la Junta y habría de publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) antes del 31 de diciembre.
Este bloque de medidas, recogidas en un nuevo texto que modificaría la disposición adicional segunda del decreto, donde se recoge la posibilidad de expropiar viviendas a las entidades financieras, recoge también la puesta en marcha de acuerdos entre la Junta y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean los órganos judiciales los que alerten a la Administración Autonómica cuando detecten supuestos de especial vulnerabilidad como consecuencia del desalojo motivado por un procedimiento de ejecución hipotecaria de vivienda habitual.
LAS VIVIENDAS DE EPSA "VACÍAS"
Entretanto, ha explicado que en Andalucía, según el censo autonómico de 2011, existe un 'stock' de vivienda de 140.000 unidades y 637.000 viviendas vacías, "resultado de años de inactividad política en el fomento del alquiler", a lo que añade que "el único dato que ha facilitado la Junta sobre este asunto en Córdoba revela que en los municipios de la provincia hay 93 viviendas de Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) vacías". Sin embargo, "los datos de la capital se nos han denegado siempre que los hemos solicitado", ha lamentado.
En este sentido, el PP propone la creación de dos registros que sustituirían al registro de todas las viviendas deshabitadas, que su juicio sería "inabarcable" para la administración, y al registro de demandantes, una herramienta "farragosa y complicada".
El primero de ellos sería un Registro de Viviendas Públicas de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, que Ruiz ha considerado "fundamental" para cumplir con la función social de la vivienda ya que, ha afirmado, hasta ahora EPSA, que gestiona más de 80.000 viviendas, se ha comportado "como una inmobiliaria al servicio de intereses especulativos".
Por otra parte, el PP propone elaborar un Registro autonómico de Viviendas Deshabitadas susceptibles de ofrecimiento de medidas de fomento del alquiler. Se trataría de un registro de carácter voluntario que ayudaría a paliar el descontrol y los impagos en las anteriores ayudas para el fomento del alquiler, con una deuda de la Junta a inquilinos y propietarios de más de 50 millones de euros y cuya gestión fue denunciada por el propio Defensor del Pueblo.
Entre las medidas necesarias para el fomento del alquiler que recoge el bloque de enmiendas, Laura Ruiz ha destacado la firma de acuerdos o convenios con personas jurídicas; intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas; aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas; medidas fiscales que determinen las respectivas administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, o subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias.
La vicesecretaria de Fomento y Medio Ambiente del PP de Córdoba ha añadido que este decreto "puede ser una medida complementaria" a la recién aprobada Reforma de la Ley Hipotecaria y la Ley de Medidas para la Flexibilización del alquiler, ambas normas aprobadas por el Gobierno Central, y que con la incorporación de las enmiendas del PP se da "un paso más allá" hacia garantías más "efectivas".
