La oficina de prevención, intermediación y protección del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda en Córdoba ha contribuido a evitar 233 desalojos de familias en los primeros ocho meses de funcionamiento, un periodo en el que este servicio puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto 307 expedientes de atención a otras tantas familias.
La delegada territorial de Fomento y Vivienda, María de los Santos Córdoba, ha facilitado estos datos en la reunión a la que ha convocado a los representantes de la treintena de ayuntamientos firmantes del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda para constituir la comisión de seguimiento que evaluará la aplicación de esta iniciativa.
Córdoba ha querido dejar claro que "la Junta de Andalucía no va dar un paso atrás en sus políticas en defensa de la gente, a pesar de que el Gobierno central haya decidido recurrir ante el Constitucional el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda, demostrando una vez más que está del lado de las entidades financieras y no de quienes peor lo están pasando por la crisis". Además, ha recordado que "el Decreto Ley sigue hoy plenamente vigente y seguimos aplicándolo" y subrayado que esta norma "fortalece" las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
La delegada territorial ha destacado que "el programa supuso una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras a favor de las familias", ya que "era necesario que la Administración tomara partido, dado el abismo de estatus y de privilegios que existe entre ambas partes".
Córdoba ha valorado la labor que a diario desarrolla esta oficina, "desde donde logramos que personas en riesgo de perder su vivienda permanezcan en sus casas, cumpliendo así el objetivo que nos marcamos cuando pusimos en marcha esta iniciativa". Por eso ha animado al resto de municipios cordobeses a adherirse al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, para "ampliar y fortalecer el bloque institucional contra los desahucios en Andalucía", ya que "el camino recorrido en Andalucía no tiene marcha atrás".
Las 233 personas cuyos desahucios han sido evitados solicitaron a la oficina los servicios de intermediación y negociación para alcanzar una solución recurriendo a diversas vías como la negociación de la dación en pago y el alquiler social, la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario o la intermediación ante juzgados para la suspensión de la subasta o del lanzamiento.
Todas estas familias se encuentran ya en situación de mora con la entidad financiera, por lo que existe riesgo de desahucio, y "en todos los casos estas familias permanecen en sus viviendas", según ha añadido Córdoba.
En la fase más temprana, en el ámbito de la prevención, 53 familias han acudido a estas oficinas solicitando información sobre los efectos de los impagos a las entidades financieras o sobre las cláusulas abusivas. En prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios, según la normativa, o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar.
Por otro lado, otras 21 familias se han dirigido a la oficina de Córdoba para solicitar protección. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional. A ello se suma la posibilidad, en caso de que se cumplan los requisitos, de que las familias se beneficien de la expropiación temporal del uso de sus viviendas.
María de los Santos Córdoba ha constituido con los representantes de cada ayuntamiento la comisión de seguimiento que dará respuesta a las cuestiones que puedan derivarse del desarrollo del convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
Este órgano estará compuesto por dos representantes de cada una de las partes firmantes y entre sus funciones se encuentran resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse, efectuar el seguimiento y control de la ejecución del convenio y realizar otras labores que sean necesarias para una eficaz gestión y aplicación del mismo. El convenio firmado con los municipios tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable anualmente por mutuo acuerdo de las partes.
Los municipios de Córdoba que se han adherido al programa suman 31: Adamuz, Montoro, Bujalance, Pedro Abad, Cañete de las Torres, Villa del Río, El Carpio, Villafranca de Córdoba, Belalcázar, Belmez, Espiel, La Granjuela, Villaharta, Posadas, Almodóvar del Río, Baena, Benamejí, Castro del Río, Doña Mencía, Fernán Núñez, Espejo, Fuente Palmera, Hornachuelos, Lucena, Montalbán de Córdoba, Palenciana, Palma del Río, Priego de Córdoba, Puente Genil, La Rambla y Rute.
