El Gobierno de la Nación ha asegurado, en respuesta escrita a preguntas de los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, Angelina Costa y Rosa Aguilar, que no está prevista la ejecución en la provincia cordobesa de proyectos de investigación o exploración para la obtención de petróleo o gas natural por fractura hidráulica, técnica conocida como 'fracking'.
Así se recoge en dicha respuesta, a la que ha accedido Europa Press, y que se ha producido después de que los diputados del PSOE por Córdoba preguntasen por escrito el pasado junio al Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy "¿qué previsiones tiene el Gobierno sobre la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica en la provincia de Córdoba?" y "¿qué municipios están incluidos en las zonas en las que se han iniciado expedientes sobre 'fracking' en la provincia de Córdoba?".
Ante esto, el Gobierno central ha afirmado en su respuesta que, "en el ámbito de la Administración General del Estado, en relación con la utilización prevista de esta técnica en la provincia de Córdoba, no se tiene constancia de ningún permiso de investigación de hidrocarburos en el que esté prevista su utilización".
Además, el Ejecutivo ha destacado que está aplicando un "criterio de precaución y cautela en la autorización de los proyectos de investigación o exploración para la obtención de hidrocarburos por fractura hidráulica".
EVALUACIÓN AMBIENTAL OBLIGADA
Con este propósito, según ha señalado el Gobierno, "se ha decidido que todos estos proyectos se sometan a una evaluación ambiental, independientemente de que la Directiva 85/337/CEE, transpuesta a nuestra legislación nacional mediante la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, permita que el órgano ambiental valore la necesidad o no de que cada proyecto concreto se someta a este procedimiento".
Así, en opinión del Gobierno, "la influencia que tienen los factores locales (geológicos, hidrológicos, etcétera) hace que los posibles impactos del 'fracking' sobre la salud humana o sobre el medio ambiente deban ser evaluados para cada caso concreto" y "el marco más adecuado para esta valoración es la aplicación de los procedimientos reglados de evaluación ambiental".
En consecuencia, el Gobierno ha aprobado que el Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares "incluya la obligación de que los proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica se sometan, en todo caso, al procedimiento previsto en la Sección la del Capítulo II del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero".
Con esta iniciativa, para la autorización de este tipo de proyectos, "se exigirá una previa declaración de impacto ambiental favorable, requisito que, hasta ahora, según la legislación europea, no era obligatorio, ya que la Directiva 85/337/CEE sobre la materia, permite que el órgano ambiental valore, en cada caso, si un proyecto de investigación o exploración para la obtención de gas por fractura hidráulica debe o no someterse a este procedimiento".
NUEVA LEY
En esa misma línea, según ha recordado el Gobierno en su respuesta, el Consejo de Ministros aprobó el pasado abril un Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental "que incide en la obligación de la evaluación ambiental de los proyectos de 'fracking', ya que en su Anexo I", referido a proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada, "incluye la extracción y exploración de petróleo y gas natural con fines comerciales cuando la técnica utilizada sea fractura hidráulica".
De esta forma, según ha subrayado el Ejecutivo, "para cada caso en particular se asegura una correcta valoración de los efectos adversos del 'fracking' y, en caso de considerarlos admisibles, se define la mejor manera de controlarlos y reducirlos".
Además de decidir que todos estos proyectos "se sometan a una evaluación ambiental que valore los riesgos, obligue a la aplicación de medidas que los minimice y proponga medidas de vigilancia ambiental que los controle", el Gobierno también "está atento a las directrices que, en la materia, están desarrollando, no solo la Asociación Internacional de La Energía, sino distintas instituciones de ámbito comunitario, como son la Comisión y el Parlamento Europeo.