El portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha asegurado hoy que les han condenado por reivindicar el uso social de la finca militar Las Turquillas, lo que asegura que ha pedido el Senado, el Parlamento andaluz, la Diputación de Sevilla y varios ayuntamientos.
Cañamero afirma en un comunicado que el 10 de febrero de 2010, el PP presentó y aprobó en la Comisión de Defensa del Senado una moción en la que pedía al Ministerio de Defensa que cediera "la totalidad de la finca para los objetivos laborales y sociales previstos por el Ayuntamiento de Osuna a fin de combatir la alta tasa de paro que sufre la comarca".
En la defensa de la moción, el senador del PP Miguel Arauz dijo que Las Turquillas "sólo da trabajo a 10 ó 12 personas cuando, de acuerdo con los planes municipales, se podrían crear 800 puestos de trabajo", según el dirigente sindical.
Cañamero ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a 7 meses de prisión y a una multa de 1.200 euros junto al diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo y otros dirigentes locales de la formación política.
Arauz rubricó su intervención denunciando el uso de "uno de los grandes latifundios de Andalucía en manos del Estado, básicamente, para cobrar las subvenciones de la Política Agraria Común, la PAC", según Cañamero.
Mociones parecidas se aprobaron por unanimidad en la cámara andaluza, en la Diputación de Sevilla y en los Ayuntamientos de la comarca, todas ellas por unanimidad.
Sin embargo, "el PP, ahora en el Gobierno, nos dio la razón en 2010. Ahora nos reprime. Se nos condena por reivindicar lo que los parlamentos aprobaron. No es justo ni democrático. Se pretende, una vez más, criminalizar la protesta pacífica y la ley de seguridad ciudadana que promueve el PP es una demostración de esto".
"¿Se pretende legalizar un estado policial? ¿Se pretende callar la voz de la calle? ¿Se pretende reducir la democracia a votar cada cuatro años? ¿No tiene importancia lo que se vota en los parlamentos? Da la impresión que estamos ante una sentencia política dictada de antemano", lamenta el dirigente del SAT.