Los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez, empresa radicada en Almodóvar del Río (Córdoba), han propuesto de acuerdo con el comité de empresa de la farmacéutica pedir una prórroga de 45 días en cuanto al periodo de aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que concluía este lunes y que afecta a 120 trabajadores, mientras se hace efectiva la presentación del aval de un millón de euros por parte del único postor que ha optado en la segunda subasta de esta empresa en concurso de acreedores por comprar y mantener la actividad y el empleo en la misma, en este caso la sociedad Globalaeronautic S.L.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el responsable provincial del sindicato CTA en Córdoba, Francisco Moro, quien ha aclarado que, sin embargo, la prórroga del citado ERTE depende ahora "del informe que presente al respecto la Inspección de Trabajo y de la decisión que finalmente tome el Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba", que tramita el citado concurso de acreedores de Pérez Giménez.
El objetivo de los concursales y de los sindicatos CTA y UGT, representados en el comité de empresa de Pérez Giménez, es, mientras sea posible la venta y reflotamiento de la farmacéutica, que no se extingan los contratos laborales de sus trabajadores, de los que solo una treintena permanece en activo, para labores de mantenimiento y sin cobrar sus nóminas.
De hecho, la única posibilidad de seguir activa de esta empresa, antes de ser vendida por lotes, en el marco de la fase de liquidación del concurso de acreedores en el que está inmersa, es que la mencionada sociedad que pretende comprarla y al menos mantener 40 puestos de trabajo, detrás de la que están inversores de Costa Rica y Nicaragua, efectivamente presente el citado aval de un millón de euros, que está pendiente de una transferencia internacional, que aún no se ha formalizado.
La última subasta de Laboratorios Pérez Giménez ha sido la consecuencia de que el titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, dictara el pasado enero un auto mediante el que se abrió un nuevo proceso de subasta de la farmacéutica, que se convocó en base al plan de venta presentado por los administradores concursales, tras rebajar las condiciones impuestas a las sociedades que pretendan adquirir los laboratorios, respecto a la primera y fallida subasta de los laboratorios.
Así, en la primera subasta, que se cerró en falso el pasado diciembre al retirar su oferta la sociedad LPG Pharmula, seleccionada por los concursales como la mejor de las tres presentadas, frente a las de Magtel y Normón, el juez había establecido como una de las condiciones para los postores la asunción mínima de 60 trabajadores de la actual plantilla, compuesta por 163 empleados, mientras que ahora el número mínimo de trabajadores que deberá asumir la adjudicataria será de 40.
Junto a ello, en esta segunda subasta, cuyo objetivo es mantener activa la farmacéutica cordobesa, la única sociedad que pretende hacerse con Laboratorios Pérez Giménez ha ofertado la suma mínima prevista por el juzgado, es decir, once de millones de euros.
LPG Pharmula, la sociedad que logró el visto bueno de los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez para hacerse con la farmacéutica en la primera subasta, retiró su oferta, que incluía mantener la actividad y la plantilla de la factoría, al no haber cerrado el acuerdo que pretendía, con la banca y las administraciones, sobre el pago de la deuda de este empresa, cuya venta, con el mantenimiento de la actividad, aún cree posible el titular del juzgado, Fernando Caballero, razón por la que abrió este nuevo proceso de subasta de la empresa cordobesa.
