El Gobierno de la Nación, a preguntas de los diputados del PSOE por Córdoba Rosa Aguilar, Angelina Costa y Antonio Hurtado, ha reconocido que el "tiempo medio de tramitación" para la resolución de los expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de trabajadores en la provincia de Córdoba hasta el pasado año 2013 era de dos meses, en concreto de "62,42 días".
Así lo destaca en su respuesta escrita a los diputados socialistas, a la que ha accedido Europa Press, el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy, el cual también detalla que, "a fecha 30 de septiembre de 2013", el número "expedientes pendientes de resolver" era de 553 y los trabajadores afectados más de un millar (1.065).
En concreto, los diputados del PSOE preguntaron al Gobierno "¿cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de septiembre?" en Córdoba, "¿a cuántos trabajadores afectan estos expedientes?, ¿cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?, ¿cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?" y si, para ello, se contratará a interinos, a cuántos, por cuánto tiempo y si "¿se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa?" y, en ese caso, cuál sería.
Ante esto, el Gobierno ha aclarado que "los expedientes del Fogasa son de diverso tipo y los trabajadores pueden solicitar prestaciones individualmente, lo que origina un expediente por trabajador o colectivamente, o mediante representante, lo que agrupa a un número variable de trabajadores en un solo expediente. De ahí que, a priori, solo se puedan realizar estimaciones".
En cualquier caso, según ha señalado el Ejecutivo en su respuesta al PSOE, "el Plan de Viabilidad puesto en marcha por el Fogasa ha contemplado diversas soluciones para terminar con el retraso en el trámite de los expedientes", detallando el Gobierno que, "hasta ahora, dichas soluciones se han referido a la creación de grupos de trabajo de funcionarios que tramitaban expedientes fuera de su jornada, la resolución de expedientes de provincias con mucha carga de trabajo por funcionarios de otras provincias con menor carga, la celebración de un concurso para la cobertura de las vacantes de todos los niveles que existen en el Organismo, a fin de que la plantilla tenga una ocupación completa, así como el nombramiento de funcionarios interinos".
A este respecto, el Ejecutivo central ha indicado que "el Organismo contrató en la provincia de Córdoba a uno en el año 2013", mientras que "para el ejercicio 2014 se ha solicitado autorización para la contratación de 28 interinos en todo el territorio nacional, por un período de seis meses".
Además, según ha contestado el Gobierno a los diputados socialistas, el Fogasa "ha formalizado una encomienda de gestión a la sociedad
mercantil estatal Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, como procedimiento administrativo más eficaz para el tratamiento de los expedientes pendientes, en virtud de su condición de medio propio de la Administración pública".
CULPA AL GOBIERNO DEL PSOE
Al margen de ello, el Gobierno que preside Mariano Rajoy, en su respuesta a los diputados cordobeses, ha criticado la situación en la que se encontró el Fogasa tras relevar al anterior Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Así, afirma que cuando tomó posesión, "en diciembre de 2011, el Fondo de Garantía Salarial tenía una bolsa de expedientes sin resolver, atrasados y acumulados sin orden, que ni siquiera era posible contabilizar con exactitud", estimando que "la cifra giraba entre los 80.000 y los 100.000 expedientes pendientes".
Esta acumulación, según el Ejecutivo central, "respondía a diversos factores generados entre 2007 y 2011. Uno de ellos, el incremento exponencial desde 2007 del número de solicitudes de prestaciones, consecuencia de los niveles de destrucción de empleo alcanzados en dichos años. Por ejemplo, los expedientes registrados en el año 2008 (59.100) pasaron a ser 205.000 en 2011, siendo el incremento en algunas provincias
del 400%. Otro, el hecho de que la plantilla no se incrementó, ni en 2008 ni desde entonces, hasta que en 2013 se adoptaron medidas para aumentar los efectivos".
Según ha concluido el Gobierno en su respuesta al PSOE, "ambas circunstancias se tradujeron durante el periodo 2007-2011 en un importante aumento de la ratio de expedientes a tramitar por funcionario (que entre el año 2008 y el año 2012 se ha multiplicado por cuatro) y, como consecuencia de ello", se ha producido "una demora en la resolución de expedientes que, en algunas provincias, es superior a un año", lo cual es resultado, según asegura el Ejecutivo, de que "nada se hizo en esos años para corregir el problema. No se adoptaron medidas correctoras eficaces para una gestión adecuada de esta carga de trabajo".