El fiscal del juicio por el crimen en una casa de Huerta de la Reina, en la capital cordobesa, en diciembre del año 2010, donde una mujer supuestamente contrató a dos sicarios para matar a su compañero de piso para hacerse con su pensión, ha declarado que está "absolutamente convencido" de la participación de los tres acusados en la muerte del varón y que los hechos se sucedieron según recoge en su escrito de calificación.
En la presentación de los informes finales del juicio con jurado, al que le han entregado el objeto del veredicto, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, el fiscal se ha referido a las pruebas directas e indirectas, tras los testimonios de los acusados tanto ante la Policía Nacional como en la fase de instrucción, al tiempo que recuerda que la acusada "cambió hasta cuatro veces su declaración sin motivo".
En este sentido, destaca que el contacto entre la mujer y su pareja en la prisión "solo tiene motivo para dar un escarmiento" a la víctima, después de que la relación en el piso se había deteriorado, pero ello, a juicio del fiscal, "no justifica lo que sucedió", a lo que añade que la causa también fue "el móvil económico", dado que la mujer "conocía perfectamente" que su compañero iba a cobrar la pensión, según el fiscal.
De este modo, considera que "desde el principio la intención" de la acusada era "quitar del medio" a su compañero, de ahí "la finalidad de ponerse de acuerdo" con el sicario acusado, con el que supuestamente se reúne, al tiempo que justifica el hecho de que no existan restos biológicos en la casa en que se tomaron "las prevenciones normales y precauciones", y como ejemplo cita que se limpió parte de la casa.
Además, el fiscal sostiene que el varón acusado de ser cómplice del asesinato, pareja de la procesada y quien supuestamente puso en contacto a ella con el sicario y relató el suceso a los agentes dos años después, "no se puede inventar los hechos, es imposible", por los datos "concretos" que facilita, cuando en las fechas en las que se producen estaba interno en prisión, apunta el fiscal, quien subraya que "la intención del ataque es quitarle la vida" al varón, quien tuvo "nula defensa", y "la recompensa es el dinero".
Así, la Fiscalía pide penas de 20 años de prisión por el delito de asesinato, tanto para la mujer como para el sicario, además de cuatro años de cárcel por robo para cada uno de ellos y tres más por amenazas para el hombre. Igualmente, solicita diez años de prisión para la pareja de la acusada por cómplice de asesinato.
LOS HECHOS
Según recoge la calificación del Ministerio Público, en febrero de 2010, la procesada, de nacionalidad paraguaya, y su pareja iniciaron una relación sentimental y de convivencia en un piso de la capital, en el que conocieron a la víctima, con el que el varón llegó a tener "una buena relación", hasta el punto de "con el fin de abaratar costes, decidieron vivir en un piso los tres y un hijo menor de edad de la mujer".
En el mes de agosto de 2010, la pareja de la acusada ingresó en prisión para cumplir una pena impuesta por unos hechos que nada tienen que ver con este procedimiento, pero "de común acuerdo" los tres decidieron continuar con la idea de compartir vivienda. En septiembre, la mujer, su hijo y la víctima se trasladaron a un piso en la calle Abderramán III. Sin embargo, la convivencia "se fue deteriorando" debido a que él "era consumidor habitual de alcohol".
Al respecto, la mujer sabía que su compañero de piso recibía todos los meses "una importante cantidad de dinero" de una pensión y que en diciembre iba a cobrar alrededor de 5.000 euros, dado que a la cantidad habitual le sumaría la paga extra. Así, en parte a que la relación "se había deteriorado" y que quería "conseguir el dinero" de la víctima, la mujer le pidió en noviembre a su pareja, en una visita que le hizo a la cárcel, que "le indicara una persona que pudiera darle un escarmiento" al compañero de piso. Según precisa el fiscal, la mujer buscaba "una persona que agrediera y quitara la vida" al hombre, que "le sustrajera el dinero, con el que le pagaría en parte el encargo efectuado" y el resto se lo quedaría ella.
De este modo, su pareja le puso en contacto con el otro acusado, amigo suyo que vivía en La Carlota, y a finales de noviembre se citaron en un bar de la capital cordobesa, donde la mujer supuestamente le encargó a este y a otra persona, de nacionalidad colombiana y que no ha sido identificada, que le quitaran la vida a su compañero de piso, al tiempo que les dijo que les pagaría con el dinero de la pensión. Además, como sabía que cobraría el 30 de noviembre y que ese mismo día sacaría el dinero, la mujer acordó con los sicarios que llevarían a cabo el plan el 1 de diciembre.
El día 1 de diciembre, entre las 8,15 y 8,30 horas, la mujer llevó a su hijo al colegio y poco después, según habían concertado, los dos sicarios, con las llaves que ella les había facilitado, accedieron al piso "portando cuchillos, navajas u otros instrumentos cortantes y al menos un martillo", detalla el fiscal.
Al entrar en el dormitorio, la víctima se despertó y "de inmediato" recibió un puñetazo en la cara. Aunque intentó huir, los presuntos agresores le propinaron a continuación seis puñaladas en el pecho y en el abdomen, cinco más en la espalda, al tiempo que le golpearon dos veces "de forma contundente en la cabeza con el martillo".
Tras ello, los sicarios limpiaron el piso para evitar que quedaran huellas y buscaron el dinero, sin que lo encontraran, motivo por el que después llamaron a la procesada, quien regresó entonces al piso, vio el cadáver, cogió 1.200 euros y se dirigió hasta donde estaba uno de los presuntos asesinos para entregarle el dinero.
Posteriormente, la mujer fue a una floristería para comprar macetas y volvió al piso. "Con el fin de simular que estaba sorprendida con la situación", dejó las macetas tiradas en el descansillo y en la entrada de la vivienda y comenzó a gritar para avisar a los vecinos de que había encontrado el cadáver tirado en el suelo, momento en el que uno de los vecinos llamó a la Policía.
LA RESOLUCIÓN DEL CASO
Dos años después, en octubre de 2012, el sicario con el que contactó la mujer y amigo de su pareja acudió al domicilio de estos en Fernán Núñez y le reclamó a la ahora acusada que no le había pagado todo el dinero que habían convenido por matar a su compañero de piso, por lo que "había tenido que vender un coche para pagar a la persona de nacionalidad colombiana" y supuestamente los amenazó con matarlos "si contaban algo".
No obstante, la pareja de la mujer decidió acudir a la Guardia Civil el 11 de noviembre de 2012 y contó lo que había sucedido, según se lo había relatado ella, indica el fiscal, quien precisa que cuando ocurrieron los hechos el hombre asesinado estaba separado y tenía tres hijos mayores de edad que no convivían con él.