La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha confirmado la fianza civil de 847.501 euros impuesta al tesorero de la Asociación de Trabajadores del Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), creada para percibir las ayudas, pues obtuvo un trato favorable y presuntamente conocía la inclusión de "intrusos".
La juez de instrucción 6, en un auto al que ha tenido acceso Efe, recoge que el propio recurrente, Domingo Valle Prieto, aseguró en su declaración judicial que su inclusión en la póliza "surgió porque él se quejó" ante el "conseguidor" Juan Lanzas y la aseguradora Vitalia "de que sus rentas eran inferiores", a lo que le contestaron que "no se preocupara, que eso tenía solución" y entonces firmó la póliza.
Añade el auto que con esa segunda póliza, Valle Prieto "se dio por satisfecho", pese a que a él no le constaba "que esa solución la recibieran otros trabajadores", y en total percibió entre 1.300 y 1.400 euros al mes y otros "trece mil y pico euros" en 2010.
"Este comportamiento indiciariamente ilícito que reconoce haber tenido es más que suficiente para la exigencia de fianza", según la juez instructora.
La juez impuso a Valle Prieto dicha fianza teniendo en cuenta las ayudas conseguidas para los trabajadores del matadero mediante 18 contratos falsos y donde aparecieron tres "intrusos" que nunca trabajaron en él.
Los criterios para fijar la fianza "no han sido desvirtuados por las alegaciones del recurrente", sostiene la juez, pues "se ha limitado a negar el conocimiento de la existencia de intrusos", si bien al inicio de su declaración "dio a entender" que lo sabía.
Domingo Valle argumentó en su recurso que su elección como tesorero fue por sorteo entre los trabajadores y que firmó los documentos "de forma rápida y sin tiempo real para poder leerlos".
También argumentó que falsificaron su firma y que "no puede verse perjudicado por la percepción de una cantidad que ni tan siquiera solicitó".
Según la juez, los cien trabajadores del matadero, que estaba en suspensión de pagos, habían agotado las prestaciones por desempleo tras su ERE de 1998 y por mediación del "conseguidor" Juan Lanzas, los que no habían conseguido recolocarse fueron "subidos a un autobús" y trasladados a la localidad de Bélmez (Córdoba), donde la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas, propiedad de un amigo suyo, les hizo 18 "contratos de trabajo a todas luces falsos".