Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desarticular una trama de fraude en la compraventa de metales preciosos en la que han sido detenidas 30 personas --en Madrid (22), Barcelona (4) y Córdoba (4)-- relacionadas presuntamente con una red de empresas diseñadas para justificar la procedencia de metales preciosos obtenidos ilegalmente.
A través de un comunicado, la Policía Nacional ha informado de que a los arrestados se les imputan presuntos delitos de receptación, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública por un fraude superior a los 2,5 millones de euros.
Los agentes han registrado 20 empresas, domicilios y establecimientos en los que se han incautado de cerca de media tonelada de oro y plata, más de 476.000 euros en efectivo y además han bloqueado activos financieros por un valor superior a los 458.000 euros.
Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2013 en Cantabria sobre una empresa que estaba tratando de vender láminas de oro de 24 quilates presentando una factura para justificar la procedencia del metal que mostraba ciertas irregularidades. Las pesquisas condujeron a una serie de empresas que habrían diseñado un entramado para la defraudación del IVA y la justificación de la procedencia de los metales obtenidos al margen de la legalidad.
La mayor parte del oro y plata con el que los investigados comerciaban se producía al margen de los requisitos exigidos en la legislación vigente, sin ningún tipo de control policial o administrativo.
Las empresas no registraban los metales en los preceptivos libros de policía, de hecho la mayoría carecía de ellos, no cumpliendo por tanto las obligaciones de comunicación y de conservación hasta que se verifique la legitimidad de la procedencia del mismo.
Las irregularidades detectadas no sólo afectaban a estos libros de registro, sino también a la procedencia y trazabilidad de los metales preciosos comercializados, a la veracidad sobre su facturación y al cumplimiento de las obligaciones fiscales, fundamentalmente en declaraciones de IVA.
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO O CONTRABANDO
El trayecto seguido por el metal precioso con el que los investigados comerciaban pasaba desde los pequeños proveedores a varios intermediaros y hasta las grandes fundiciones o distribuidores. Los datos disponibles apuntaban a un entramado creado para dar salida a metal no registrado de dudosa procedencia, de hecho posiblemente proveniente de delitos contra el patrimonio o contrabando.
Las operaciones de compraventa de metal realizadas a través de las sociedades implicadas bien no eran registradas --quedando, por tanto, en el ámbito de la economía sumergida y dejando de ingresar los correspondientes impuestos--; bien se registraban con facturación falsa para cuadrar la contabilidad y justificar las transferencias de dinero entre empresas; implicando en cualquier caso falsas declaraciones ante la Hacienda Pública y obteniendo beneficios fiscales indebidos.
Las empresas que presuntamente eludían la responsabilidad tributaria del ingreso del IVA eran instrumentalizadas por terceros mediante testaferros. Concretamente, la operativa detectada era la realización de transferencias bancarias a estas sociedades pantalla, obteniendo de nuevo el dinero a través de disposiciones en efectivo por parte de los testaferros. El dinero en metálico sería utilizado para la adquisición de los metales de procedencia presuntamente ilícita a los verdaderos proveedores de metal.
MÁS DE 150 AGENTES
La operación ha culminado con la imputación de tres personas y la detención de 30 más en Madrid (22), Barcelona (4) y Córdoba (4). En total, los más de 150 agentes que han participado en este operativo han practicado 14 registros en Madrid, cuatro más en Barcelona y dos en Córdoba; todos ellos en relojerías, joyerías, sedes de empresas, domicilios y un despacho.
En estos registros, los investigadores se han incautado de más de 400 kilos de plata y 20 de oro en diferentes formatos (pre-lingotes, granalla, láminas o joyas), varios diamantes y otras piedras preciosas y 476.826 euros, 11.517 dólares estadounidense y 5.970 francos suizos en efectivo. Además, se ha ordenado el bloqueo judicial de activos financieros de cuatro empresas por un total de 458.440 euros.
La investigación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central de la Comisaría General de Policía Judicial, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria y de la Agencia Tributaria, con la participación de funcionarios del Área de Tramas y de la Unidad Central de Auditoría Informática (UCAI) de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF), de la Dependencia de Inspección de Sevilla y Barcelona, y personal de la Delegación de Barcelona, Córdoba, Málaga y Madrid.
También han colaborado agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Cataluña y Córdoba y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la División Económica y Técnica.
