El Juzgado de Primera Instancia número nueve de Córdoba ha dictado una sentencia, tras la denuncia tramitada por los servicios jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente', mediante la que condena a la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) al pago de 124.497 euros a una mujer por no informarla debidamente de los riesgos de la anestesia en una intervención de varices.
Los hechos, según ha informado 'El Defensor del Paciente', se remontan al 26 de febrero de 2013, cuando la paciente, una cordobesa de 61 años, fue intervenida de varices, en un centro concertado del SAS, donde se le practicó una safenectomía en la pierna izquierda.
Ya desde su salida del quirófano y terminada la intervención, que se efectuó con anestesia raquídea, sintió dolor en la pierna y notó que la pierna derecha no la sostenía, pese a lo cual le dieron el alta. En las 48 horas siguientes padeció, además, vómitos y dolor de cabeza. Acudió entonces al hospital, que terminó diagnosticándole de una irritación química por el anestésico local suministrado.
Dicha irritación química terminó afectando a la paciente, que presentó trastornos motores y afectación muscular, impidiéndola flexionar el pie derecho y afectando a su deambulación, secuelas que no existían antes de entrar en quirófano.
Los servicios jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente', analizaron el caso y entendieron que, pese a estar firmado el documento de consentimiento informado, para la anestesia e intervención quirúrgica, estos eran genéricos, de manera que la paciente desconocía que alternativas existían o que riesgos particulares corría la paciente, incluido el que se le ocasionó.
La magistrada que ha dictado la sentencia entiende que, efectivamente, el documento facilitado a la paciente no cumple los requisitos establecidos legalmente, al punto de no aparecer la secuela que le ha quedado, lo que obliga a reparar el daño sufrido por la paciente en su totalidad.
Desde la Asociación 'El Defensor del Paciente', se ha insistido en la obligación del médico de informar al paciente debidamente, para que éste pueda decidir libremente sobre su salud, y en el derecho de éste a pedir todo tipo de información, con calma, más allá de la entrega de documentos estándar, que en muchos casos se dan el mismo día de la intervención quirúrgica, cuando el paciente no está en condiciones de tomar ninguna decisión.