Un juez de Córdoba está investigando a dos altos cargos del PSOE cordobés y al menos a otras 13 personas en la causa abierta por el presunto amaño de las oposiciones convocadas en 2015 por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, dependiente de la Diputación.

En su auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez de instrucción señala que la presidenta del Consorcio de Bomberos, Dolores Amo, miembro de la ejecutiva del PSOE de Córdoba, podría ser coautora de un delito de prevaricación y otro de descubrimiento de secretos.

Además, el juez investiga al alcalde de Priego de Córdoba entre el 1 y el 31 de julio de 2017, el socialista José Manuel Mármol, quien podría ser también responsable de un delito de tráfico de influencias.

El juez relata en el auto, de fecha 18 de marzo, que existieron "gravísimas irregularidades" en la preparación de las oposiciones públicas en las que la Diputación de Córdoba ofertaba 54 plazas de bombero-conductor.

El objetivo era "dar todo tipo de facilidades", incluso con "directa y grotesca contravención de la ley", a los trabajadores interinos evitando los "principios de igualdad" de cualquier oposición pública.

Añade el juez que en otoño de 2015, tanto el gerente como la presidenta del consorcio manifestaron a los interinos su "intención" de favorecerlos y les recomendaron "abiertamente" votar "masivamente" a UGT en las elecciones sindicales.

Tras obtener la mayoría sindical, el representante de UGT, también investigado, dijo a los interinos, según el juez, que manejaría "información reservada" relativa a las pruebas que debían superar los candidatos a las plazas públicas.

Se organizaron cursos de formación para interinos "que no contaban con puntuación suficiente", mientras que la denuncia admitida por el juez resalta "presiones" del alcalde de Priego de Córdoba para "introducir" en el proceso selectivo a otros bomberos que no eran interinos.

Durante las pruebas, según relata el juez, se fueron "filtrando preguntas e incluso respuestas correctas", las hojas de los exámenes tenían impresos los datos de los alumnos y fueron escaneadas en la Diputación de Córdoba antes de ser enviadas a la empresa externa encargada de la corrección.

También señala el auto que en los ejercicios prácticos los interinos presuntamente favorecidos debían "cogerse de la oreja al pasar delante del examinador" para así poder ser reconocidos.

El proceso selectivo, que no ha sido paralizado para evitar perjuicios a terceros, culminó en enero de 2018 con la publicación de la propuesta de nombramiento de los 54 aspirantes que han superado las pruebas, de los que solo 14 no son interinos.