Presuntos testaferros del caso 'Fénix', en el que se investiga un supuesto fraude de más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería, han declarado este miércoles en Córdoba que fueron contratados como administradores de entidades que uno de los presuntos cabecillas de la trama, ya fallecido, definió como "completamente legal", al tiempo que firmaban papeles en blanco.
Así lo ha expuesto uno de los presuntos testaferros, acusado de la supuesta comisión de 96 delitos fiscales, durante su declaración en el juicio del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, que continuará este jueves con los testimonios de más procesados en esta causa, iniciada hace unos 13 años y por la que se sientan en el banquillo 96 procesados, después de que han muerto algunos acusados y otros se encuentran internos en residencias.
En este sentido, el presunto administrador, que en aquella época pesaba unos 45 kilos y, según ha expuesto, "no tenía ni para caerme muerto" al estar enfermo con una cirrosis, ha relatado que aceptó la oferta de contrato para unas labores en las que "firmaba sobre lo que estaba preparado". Así, ha apuntado que firmaba en papeles en blanco, "unas 30 o 40 hojas", si bien ha confesado que nunca vio "dinero, ni oro".
Igualmente, el otro presunto testaferro, un hombre de avanzada edad, ha explicado que el mencionado presunto cabecilla "siempre" lo recibía en la cocina de su casa, "nunca en el despacho", a lo que ha añadido que no conocía a nadie de la empresa para la que supuestamente estaba trabajando. En una ocasión, según ha expuesto, le dijo: "tranquilo, esto va a durar poco". Y en otro momento, se asustó al presentarle un talonario.
Además, ha dicho que no sabía para qué firmaba, sino que a él le interesaba "cobrar el dinero", a la vez que ha subrayado que tenía "confianza en que hacía algo legal". Dicho acusado fue detenido unas 12 horas, pero no le dijeron que fuera por delitos contra la Hacienda Pública, según ha afirmado.
Previamente, el principal acusado en el juicio, el hijo del procesado al que se ha hecho referencia, ha aclarado que él no se encargaba de las transferencias en las compras de oro y que no sabe dónde llegaba físicamente el material, ni su traslado a distintos lugares de España procedente de Suiza.
Tras comentar que no tenía conocimiento de un procedimiento en la Audiencia Nacional contra su padre, el varón ha remarcado que no se acuerda de registros en propiedades de su progenitor.
LA "ÚNICA OBSESIÓN"
A preguntas de la abogada del Estado, el acusado ha manifestado que la única relación con el departamento financiero era verificar si las cantidades cerradas en las operaciones de compraventa de oro telefónicamente eran correctas o no, después de recibir un fax con las mismas para su confirmación.
Después de advertir de los márgenes de beneficios "tan bajos" en este negocio, el hombre ha abundado en que jamás se reunió con el departamento financiero para tratar temas relacionados con la contabilidad, a lo que ha agregado que su "única obsesión" era el precio, "intentar arañar unos céntimos por debajo del precio de coste".
Igualmente, ha indicado que no sabe cómo se autorizaba la salida del oro una vez que llegaba de Suiza, ni conoce las empresas cordobesas supuestamente implicadas en la trama, tampoco conoce a parte de los acusados, tras ser preguntado por ello por sus respectivos abogados.
"Yo iba a lo mío", ha enfatizado, para agregar que cree que había dos personas en el departamento de contabilidad, de las que una de ellas, a su juicio, "no tenía los conocimientos para llevar contabilidad". Asimismo, el varón ha expresado que no tenía "ningún beneficio" en las compraventas.
Y a preguntas de su abogado, el procesado ha detallado que su padre era "una persona muy particular, que no explicaba las cosas, no pedía opinión", a la vez que tenía "la extraordinaria capacidad" de "convencer y vender a lo bestia". También, ha precisado que no ha tenido relación con las empresas que supuestamente servían de tapaderas del negocio en Córdoba.
Al respecto, este martes ha negado que, junto con su padre, impulsaran crear una trama para evitar pagar impuestos en la compraventa de oro. Según ha expuesto, desde antes de 2002, en el año 1995, trabaja en el sector de los metales preciosos, para lo cual se incorporó a la empresa donde trabajaba su padre y lo hizo como "analista financiero" en el mercado del oro.
El acusado, para el que la fiscal pide unos 384 años de cárcel, ha remarcado que él no participaba en las ventas, sino que las realizaba su padre, a quien ha calificado como "un vendedor extraordinario", si bien ha puntualizado que él le era "necesario para las compras", aunque ha insistido en que no participaba en "la determinación del precio al que tenía que ser vendido el oro".
DELITOS PRESCRITOS
En las cuestiones previas, algunos abogados de los 96 acusados han planteado que los delitos por los que se acusa a sus clientes han prescrito, de hecho la fiscal ha respaldado esta tesis en torno a una decena de personas y la jueza ha dado la razón a algunos de los abogados sobre dichas prescripciones.
Así, la magistrada ha apuntado a la posibilidad de la nulidad de las actuaciones y devolver la causa a instrucción, si bien se ha remitido a la publicación de la sentencia para resolver esta cuestión.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a 96 personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el hijo del presunto cabecilla de la trama, P.J.R.F., que se enfrenta a penas de unos 384 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide la fiscal son de dos años de prisión para siete acusados.
Al respecto, la Fiscalía pide para el citado procesado penas de cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos. Hasta ahora, desde las detenciones, las personas han estado en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado cuando fueran requeridos. Durante los 12 años de instrucción, han muerto algunos acusados y otros se encuentran internos en residencias.
NUMEROSAS IRREGULARIDADES
Cabe recordar que esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona --que llegaron a sumar unos cien agentes a la vez en estas tareas-- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.
La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.
La empresa presuntamente hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas supuestamente ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos, tanto por las ventas en la imposición indirecta --IVA--, como por los beneficios en la imposición directa --IRPF o Impuesto de Sociedades--.
La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, presuntamente creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes, según la investigación.
