La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido condenada a pagar una indemnización de 2.125.369 euros a Mediapro por los daños y perjuicios causados tras cometer un abuso de posición de dominio en el concurso que la RFEF convocó en mayo de 2019 para adjudicar el Servicio de Vídeo Asistencia al Arbitraje (VAR).
El Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid ha determinado que las bases del concurso incluían cláusulas irregulares que beneficiaban directamente a uno de los dos ofertantes, una maniobra prohibida por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y por el artículo 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea.
La sentencia ha confirmado que las bases del concurso del VAR convocado por la RFEF en 2019 se basaban en criterios subjetivos que adjudicaban el contrato a dedo y que impedían el desarrollo de un proceso competitivo.
Los pliegos del ‘Concurso para la prestación del servicio de asistencia al arbitraje a través de vídeo y para la puesta a disposición de los equipamientos técnicos necesarios para el servicio’ redactados por la RFEF suponían una falta de transparencia y fueron diseñados para que el contrato se adjudicara a un operador concreto, puntuando con un mayor porcentaje el número de competiciones en las que se había prestado el servicio de VAR y siendo irrelevante la oferta económica y la calidad técnica.
La oferta de Mediapro era la más ventajosa y suponía un ahorro de casi 1 millón de euros en comparación con la oferta ganadora.
Mediapro prestó los servicios de VAR durante toda la temporada 2018-19 de LaLiga Santander y de la Copa del Rey, sin ningún incidente técnico y con plena satisfacción de sus gestores, según manifestó Carlos Velasco Carballo, expresidente del Comité Técnico de Árbitros, en rueda de prensa el 22 de mayo de 2019 y en una carta dirigida a los responsables de Mediapro. Actualmente, el Grupo está prestando servicios de VAR en 17 competiciones en todo el mundo con el agrado de las correspondientes ligas y federaciones.
UN CÚMULO DE ACTUACIONES REPROCHABLES
En los últimos meses la RFEF ha acumulado una serie de sentencias y multas que ponen en entredicho la gestión realizada desde sus órganos directivos. En enero de 2022 la RFEF fue condenada por abuso de posición de dominio tras excluir a Mediapro de la adjudicación de los derechos nacionales de la Copa del Rey para el ciclo 2019-2022.
Ello supone una condena a la RFEF a pagar a Mediapro por los daños y perjuicios causados, que aún no han sido cuantificados pero que son también millonarios.
La Agencia de Protección de Datos ha sancionado a la Federación con 200.000 euros por revelar datos de una reunión mantenida con LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles. La RFEF filtró parte de los audios de la reunión a medios de comunicación sin el consentimiento de los asistentes. Este cúmulo de sentencias y multas a los que la Federación debe hacer frente restan recursos económicos a otro tipo de actividades, como el fútbol femenino o el fútbol base, que forman parte de la razón de ser de la RFEF.
El último escollo judicial que Luis Rubiales ha intentado superar este 2022 es una citación para declarar ante un juez suizo a raíz de las denuncias interpuestas por LaLiga y Mediapro por difamación por unas afirmaciones efectuadas en una reunión de la UEFA. También en esta ocasión se conoció el contenido de la reunión, y por tanto de la presunta difamación, por la filtración a la prensa del audio.
El presidente de la RFEF estaba citado a declarar en Suiza el pasado 23 de febrero, pero la declaración se aplazó, a petición de los abogados de Luis Rubiales, hasta el 12 de abril. El Grupo continuará tomando todas las acciones legales que estén en su mano para evitar que se vulneren sus derechos y se perjudique al futbol español en la adjudicación de contratos.
