El objetivo final es que se pueda llevar a cabo una intervención "integral y de verdadera inclusión" para estas personas, ha informado la Junta
La Junta de Andalucía y el Ministerio de Inclusión Social han abordado este miércoles en un encuentro el primer plan estratégico para la erradicación de asentamientos e infraviviendas de población inmigrante y la inclusión de personas residentes en distintas zonas agrícolas de la comunidad.
El director general de Políticas Migratorias de la administración andaluza, Jesús Toronjo, ha destacado el "clima de entendimiento y colaboración generado", y ha remarcado la importancia de que todas las administraciones se impliquen en "una situación que lleva décadas principalmente en las provincias de Huelva y Almería".
El objetivo final es que se pueda llevar a cabo una intervención "integral y de verdadera inclusión" para estas personas, ha informado la Junta.
Toronjo ha recordado la importancia de que todas las administraciones -Gobierno central, Junta, Diputaciones y entidades locales- se impliquen desde el principio en la elaboración de este plan.
Además, ha agradecido este encuentro de trabajo celebrado en Madrid y ha recordado que se trata de un plan abierto donde prima "el mayor de los consensos", por lo que ya se han mantenido en Huelva reuniones con las administraciones locales, entidades sociales, empresariales, agentes jurídicos y organizaciones sindicales.
En Andalucía, la existencia en algunos municipios de asentamientos informales e infraviviendas donde residen personas de origen migrante es una situación que se da desde hace al menos 25 años y que impacta especialmente en Almería y Huelva.
Además, la compleja naturaleza de la integración hace necesaria la implementación de mecanismos de coordinación y cooperación de los gobiernos locales, autonómico y central en aquellas actuaciones que se centran en zonas con núcleos chabolistas e infraviviendas.
Bajo el paraguas del plan estratégico, se busca elaborar un modelo de intervención integral que permita erradicar los asentamientos y garantizar los derechos y obligaciones de las personas residentes con la implicación de todas las administraciones