A través del sindicato SPJ-USO se ha llevado a cabo una movilización generalizada en todos los órganos judiciales de la provincia, la cual ha sido secundada masivamente con una participación global del 90%. En dicha concentración (un paro protesta de 15 minutos de duración), los funcionarios han esgrimido carteles con leyendas tales como "No a los recortes sociales"; "No a la reducción de salarios"; "No somos los culpables de la crisis", y otros de similar contenido. La prácticamente totalidad de los funcionarios de cada órgano se han concentrado en la puerta de sus respectivas sedes judiciales para manifestar su rechazo a los recortes anunciados por la Junta de Andalucía a aplicar sobre el sector público andaluz: reducción de salarios, aumento de la jornada laboral, reducción de la jornada y retribuciones del personal interino, supresión de las ayudas de acción social, y un largo etcétera que puede conocerse con la simple consulta del plan económico financiero de reajuste de la Junta de Andalucía. Y El Puerto no ha sido menos, uniéndose a estos actos.
El sector de la justicia quiere trasladar a la Junta de Andalucía (PSOE e IU), un mensaje claro: el rechazo masivo del colectivo de justicia y del sindicato a cualquier tipo de recorte o pérdida de derechos ya que hay que tener en cuenta que, por su peculiaridad, los funcionarios de justicia en Andalucía, sin haber perdido su condición de cuerpos nacionales, aparecen gestionados por la Junta de Andalucía.
Por otro lado quieren poner de relieve el grave atentado al estado social y democrático de derecho que están suponiendo las políticas de recortes llevadas a cabo tanto por el Gobierno central como por muchos gobiernos autonómicos como el de la comunidad andaluza, también se está realizando en la administración de justicia, pretendiendo desprestigiarla por supuestos abusos por parte de la ciudadanía, por una excesiva litigiosidad o por un mal funcionamiento cuyos únicos responsables son precisamente los poderes públicos, explican.De esta manera, confirman, se está deteriorando aún más un servicio público, esencial para la defensa de los derechos ciudadanos, historicamente saturado por falta de inversiones en medios materiales y humanos y actualmente prácticamente colapsado por el aumento de litigios a causa de la crisis.
Denuncian por tanto ante la opinión pública: tasas judiciales, en todas las jurisdicciones; consignaciones para apelar especialmente en la jurisdicción social y contenciosa; reducción de partidos judiciales; paralización creación nuevos órganos judiciales; congelación de la OEP; destrucción de puestos de trabajo, mediante la no cobertura de plazas vacantes; deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de justicia, ampliación de horarios sin más personal y bajada generalizada de sus salarios.