Tras la renuncia producida la pasada semana por el exconcejal de Urbanismo, Diego Muñoz, y el posterior revuelo ocasionado, esta semana las asociaciones de los vecinos de las ARG y las ARG-T se han pronunciado al respecto de la situación que llevan viviendo más de siete años.
De esta forma, la principal exigencia que han realizado ha sido que, en el momento en el que se conozca, definitivamente, la persona que estará al frente de la concejalía, se convoque una reunión para recoger propuestas. “Lo único que queremos y lo que más les interesa a los vecinos es que el PGOU salga adelante y que se propicie, lo antes posible, su regularización. Por ello, confiamos en que una vez que se sepa quién va a ser el responsable de Urbanismo, se nos convoque y se digan las líneas en las que se va a trabajar”, ha explicado el presidente de Coave, José Antonio Castro.
La otra de las asociaciones, Fevema, ya ha establecido que su trabajo irá en la misma línea y que “lo que esperamos es que se nos mantenga informados, para, así, nosotros también poder informar a nuestros diseminados y, a partir de ahí, hacer las propuestas que consideremos oportunas y necesarias”, ha apuntado el portavoz de la federación, Javier de Paula.
En lo referente a la ordenanza, y a toda la polémica que se ha generado en torno a la misma, desde Fevema no la rechazan, ya que ésta “puede ayudar a que se desarrolle el PGOU y se facilite la regularización de los diseminados, aunque hay que ver en qué términos”. Desde Coave, por su parte, han puntualizado que desde el equipo de gobierno deben clarificarse una serie de cuestiones. “Debe decirse si se va a trabajar sobre el mismo texto, si se va a modificar y, sobre todo, creemos que debería existir dentro de la misma ordenanza, una fiscal que regule cuánto van a tener que pagar los vecinos para la regularización de sus viviendas”.
Un aspecto, el económico, que es una de las interrogantes fundamentales de los diseminados. “Creemos que tal y como está la situación de paro y desempleo y, sin ver que la cosa vaya a mejorar a corto plazo, creemos que el Ayuntamiento debe ser flexible en cómo se van a realizar los pagos de las mensualidades para la regularización”, han subrayado desde Fevema. Y es que, según establece el texto de la ordenanza, la no contribución de tres mensualidades por parte de los vecinos suspendería el convenio establecido entre las partes.
Igualmente, Coave destaca que, en lo referente al desarrollo y el proceso de regularización, no únicamente se tienen que establecer exigencias y responsabilidades a los vecinos, sino también a otras de las partes activamente implicadas: el Consistorio local. “La fórmula que creemos podría ser propicia es que los vecinos paguen y que los servicios lleguen en tiempo y forma, por lo que aquí, el Ayuntamiento y el vecino deberían ir de la mano para que éste último se desarrolle”.
Por ese motivo, las asociaciones confían en un pronto encuentro que clarifique todas estas cuestiones, una vez que el alcalde de la ciudad anuncie quién será el nuevo o la nueva teniente de alcalde de Urbanismo.