Si ha habido un común denominador en los partidos de la oposición durante la pasada legislatura ha sido sin duda el caballo de batalla en la que siempre han tropezado en cada paso dado con PP y con PA.
La retroalimentación que cada cual ha aprovechado para justificar su posicionamiento. Temas que han marcado y que han hallado siempre el rechazo y las impugnaciones a las intenciones del anterior equipo de Gobierno.
Pero eso ya es historia. Una cosa es alegar, discutir o no estar de acuerdo y otra muy diferente es cuando uno gobierna y tiene la intención de invertir lo acordado anteriormente.
El objetivo es bien claro, el cambio debe llegar y cuanto más se haga notar, más efecto dominó tendrá para soslayar lo anterior y más visos esperanzadores encontrarán en las nuevas vías que se abren con el inicio de una nueva legislatura que comienza tras la investidura de este sábado 13 de junio.
Lo cierto es que hay cuestiones que más allá de la propia intención de revertir, tendrá su complejidad y dificultad en encontrar más pronto que tarde una salida satisfactoria o en su caso en una disposición que, hoy por hoy, se antojan harta complicadas de cambiar.
Una cuestión en la que los tres partidos que pudieran formar un tripartito de Gobierno (PSOE, Levantemos El Puerto e Izquierda Unida) y que se han mostrado contrarios, es a la privatización de la Empresa de Aguas Apemsa.
Remunicipalizar el 49% de la empresa de Aguas Apemsa es sin duda la piedra angular donde versa todas las políticas de la alianza nacida después del acuerdo del bloque de izquierda que deben forman el tripartito.
Solventar y hacerla de nuevo pública al 100%, una acción que obligaría a pagar sí o sí 10,9 millones de euros. Una cantidad que podría incrementarse para el caso de que la empresa FCC pudiera -bajo demanda- reclamar daños y perjuicio, una sanción que aumentaría y dificultaría aún más la normalización de la sociedad pública.
Consulta popular
Si se determina paralizar y dar marcha atrás en la construcción de los aparcamientos, el Ayuntamiento tendría una penalización de 880.000 euros para el caso de que éste decidiese finalmente su no construcción. Es decir, el 5% de los 16 millones presupuestados. La cláusula penalizadora es bien clara al respecto.
Por un lado, la disyuntiva es manifiesta: o sigue para adelante y los comienza ante la amenaza de ser sancionado o abona y tal y como recogen los programas, zanja la construcción de los aparcamientos subterráneos. Son por tanto cuestiones más que peliagudas las que deberán solventar y que de una parte u otra deberán calibrar tanto su continuidad como su eliminación.
Es por ello que, ahora, se mantenga por parte de éstos la intención de, para el caso de formar gobierno, realizar una consulta popular para que sea la ciudadanía valore y vote en consecuencia cuales de las opciones es la que debe llevarse a cabo.
En cambio, otras, que parecen pudieran tener un recorrido menor, es la Zona Naranja, que oyendo a sus detractoresserá historia este verano tras la eliminación de la ordenanza.
