Un evento que se presentó a bombo y platillo meses atrás ha estado en juego a tenor de la moción de urgencias que se presentó a prisa y corriendo para cumplir con lo que marca la ley en cuanto a calidad acústica se refiere.
Cumplir con la normativa legal y dar igualmente una cobertura al evento musical que se va a celebrar en el entorno de La Puntilla este fin de semana, ha servido para comprobar que no siempre se deja todo bien atado.
“Junto al equipo técnico del Motor Circus, desde el Ayuntamiento estamos trabajando ya en todos los aspectos que requieren una atención especial por parte de la administración, como el tema de licencias y las obras de mejora que la organización del evento va a llevar a cabo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva”, informó Ángel Quintana, responsable de Urbanismo, tras una reunión mantenida el pasado 20 de marzo.
Este miércoles era el Pleno, la oposición para ser más exacto, el que salvaba con su abstención“positiva”, tal y como dejaron claro, no tirar por tierra este evento.
Y es que argumentar que a escasos tres días para el comienzo del festival se presente “a prisas y corriendo”, tal y como le recordaron a Quintana, no es ni de recibo ni tiene otra connotación que no sea “el salto de mata con el que nos tiene acostumbrado este equipo de Gobierno”, le instó Germán Beardo, portavoz del Partido Popular.
Durante el Pleno y a sabiendas que el fin de semana se presenta cuanto menos intenso por la llegada de miles de moteros y lo que ello repercute económicamente en la ciudad, la comprensión de la Corporación -en este caso la oposición- fue más que nunca efectiva para no interferir y suspender un evento que ha tenido tiempo más que suficiente para ajustarse en tiempo y forma y que sobre la campana.
Las comunidades autónomas y, en última instancia, los ayuntamientos, son los responsables de regular los ruidos dentro de su territorio que no estén cubiertos por la ley nacional, especialmente en lo relativo a los comportamientos vecinales. Para ello, deben aprobar ordenanzas o reglamentos adaptados a la legislación nacional y que la complementen.
La legislación estatal sólo es aplicable a determinados emisores acústicos: actividades comerciales, industriales o de servicio y sus instalaciones, carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos por lo que ésta en concreto queda en manos municipales.
