La Consejería de Fomento y Vivienda iniciará en la segunda quincena de noviembre los trabajos de demolición del primer bloque que desaparecerá de la barriada de José Antonio, en El Puerto de Santa María (Cádiz), una vez que el Ayuntamiento ha otorgado ya la licencia para acometer el derribo de dicho edificio, cuyos tres portales ocupan los números 2, 3 y 4 de la plaza de la Esperanza, frente al cementerio de la ciudad.

Según informa la Junta en una nota, la licencia municipal que habilita a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para demoler el primero de los cuatro bloques de viviendas que conforman esta barriada fue notificada por el Ayuntamiento el 19 de septiembre con un plazo inicial de un mes para la tramitación de la contratación e inicio de los trabajos, si bien se ha solicitado prórroga por un mes más ante la imposibilidad material de poder cumplir con lo exigido por la Ley de Contratos del Sector Público con el plazo inicial.

De esta manera, AVRA, adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, ha puesto en marcha el procedimiento para la contratación de los trabajos de demolición nada más recibir la notificación municipal, con un importe de licitación de la obra fijado en 39.994 euros y un plazo de ejecución de dos meses, con lo que la demolición quedaría concluida a finales de enero del año próximo.

El derribo de este primer bloque de José Antonio será posible después de que Consejería y Ayuntamiento acordaran en el pasado mes de mayo la declaración de ruina para este edificio, desalojado ya en esa fecha, aunque dos viviendas seguían entonces en manos privadas, si bien ambas han sido ya clausuradas. La medida, que se adoptó una vez agotada la vía previa del acuerdo mutuo y descartado también el procedimiento de expropiación forzosa, ha permitido agilizar los plazos para poder acometer cuanto antes el derribo del edificio.

El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Federico Fernández, en contacto permanente con el alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, para resolver cuanto antes el proceso que acabará con la barriada de José Antonio, ha valorado muy positivamente la concesión de la licencia de demolición por el Ayuntamiento y ha recordado que cuando ya no existan estos edificios, el espacio se someterá a las directrices recogidas en un Plan Especial de Reforma Interior destinado a ordenar el uso de dichos suelos.

En los tres bloques restantes de la barriada, ubicados en las calles Doctor Pasteur, Doctor Fleming y Cervantes, aún quedan algunas viviendas ocupadas, tanto por familias con títulos como por otras que residen en ellas ilegalmente, al no ser adjudicatarias.

En este aspecto, AVRA está trabajando en la búsqueda de entendimiento con estas familias, para que cedan sus títulos aquellas que son adjudicatarias, o para el abandono voluntario de los inmuebles por parte de quienes carecen de título habilitante. En los restantes casos se pondrá en marcha el proceso de expropiación.

La barriada de José Antonio fue construida en 1957. Compuesta por cuatro bloques con un total de 96 viviendas --24 en cada edificio--, desde los años 80 viene sufriendo un grave proceso de deterioro, tanto en lo que afecta al estado de los inmuebles como a la convivencia y la vida cotidiana de sus residentes, como consecuencia en buena medida de la acción del narcotráfico en la zona.

Este panorama motivó, en 2002, un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para intervenir con un plan especial de reforma interior, con actuaciones de dos tipos, tanto de carácter residencial, con la construcción de 125 viviendas por parte de la Consejería de Fomento y otras 65 por el Ayuntamiento en terrenos próximos a José Antonio, como urbanística, con la reordenación viaria de la zona.

En las 125 viviendas de la Junta, ya edificadas en la zona colindante de Santa Clara, se ha realojado a familias que residían en José Antonio con documentación en regla, así como a otros inquilinos propuestos por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, tal y como se acordó en una comisión constituida por representantes de las administraciones local y autonómica, vecinos y miembros del movimiento social. El siguiente y último paso para concluir la intervención es la demolición de las 96 viviendas de José Antonio.