El portavoz municipal del PP, Javier Bello, ha señalado que la formación incluirá en el orden del día del Pleno ordinario de diciembre, que tendrá lugar el miércoles 11, una propuesta de acuerdo que pide respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal constitucional en relación al artículo 27 de la Carta Magna, que, indica Bello, “sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, en todas sus modalidades, ya sea pública, concertada o privada mediante un desarrollo armónico de ambos derechos”.

La propuesta, apunta Bello, quiere “garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos”, así como “defender la red de centros concertados de El Puerto de Santa María, compuesta por los centros Mercedes Carbó, Espíritu Santo, Sagrado Corazón de Jesús, La Salle – Santa Natalia, Luisa de Marillac, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Merced y Complejo Educativo SAFA – San Luis”. 

Bello González afirma que dichos centros “son garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho, lo que implica que ambas redes, pública y privada-concertada, tengan los recursos necesarios que aseguren el citado derecho”.

La propuesta incluye “promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que estas puedan elegir con total libertad y garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada-concertada como garantes de la libertad de elección de las familias”.

Los populares propondrán al pleno en dicha propuesta que “se respete y cumpla el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

La propuesta quiere que se abandone “cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas” y “dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las libertades educativas consagradas en la Constitución Española”.

La exposición de motivos señala, entre otros puntos, que “los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos”, que ese papel “no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado”, sino que, al contrario, “los padres deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos”.

La exposición recuerda que el artículo 27 de la Constitución recoge que “todos tienen derecho a la educación” y que “se reconoce la libertad de enseñanza” en su título Primero, “De los derechos y deberes fundamentales”.

Javier Bello señala que la propuesta defiende que tal decisión no fue casual “sino que respondió a la voluntad de los constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un plano de igualdad y fundamental”.

“A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes reformas educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos, desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, afirma Bello, quien entiende que “no obstante, el último proyecto de ley del partido socialista, la llamada LOMLOE, cuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición al intentar limitar las libertades educativas reconocidas en la Constitución”.

El portavoz municipal popular considera que “las recientes manifestaciones de la ministra de Educación, efectuadas el pasado jueves 14 en la inauguración del congreso de Escuelas Católicas, en las que llegó a afirmar que la Constitución no avala la libre elección de colegio, han generado una gran alarma social, por cuanto cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, derecho que se materializa cuando las familias eligen un centro educativo y no otro”.

Bello asevera que las declaraciones de la ministra se producen “a pesar de la abundante normativa y jurisprudencia, entre las que se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 26.3 establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Javier Bello acusa también a la ministra de ignorar que el artículo 27.3 de la Constitución establece con claridad que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.