Transparency International España señaló este martes que los ‘Papeles de Pandora’ han revelado la necesidad de poner freno a la industria offshore “sin regulación”.
Explica que los gobiernos que" han estado retrasando las reformas necesarias para poner fin al abuso del secreto corporativo se han quedado sin excusas". ‘Pandora Papers’ es un proyecto de investigación a gran escala del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y 600 periodistas pertenecientes a distintos medios de comunicación de 117 países en todo el mundo.
La red de periodistas ha analizado los documentos filtrados de 14 despachos de abogados y agentes de incorporación de sociedades (los cuales actúan como proveedores de servicios corporativos y fiduciarios) en una docena de jurisdicciones opacas. "Irónicamente los políticos, que deberían tomar medidas para abordar los flujos de dinero sucio, son los que han abusado de la opacidad del sistema y se han beneficiado del status quo", dijo Maíra Martini, experta en la lucha contra el lavado de dinero de Transparency International. "En los próximos meses, tendrán mucho que explicar a la ciudadanía y, con suerte, también a las autoridades".
Según los informes, los documentos secretos mostrarían a funcionarios de alto nivel, oligarcas y multimillonarios moviendo su riqueza a paraísos fiscales internacionales mientras ocultan sus identidades, comprando propiedades inmobiliarias y bienes de lujo, todo ello con la ayuda de prestadores de servicios corporativos y fiduciarios. Más de 330 altos cargos y políticos de 91 países, incluidos 35 jefes y exjefes de Estado, habrían evadido el escrutinio y se habrían escudado en el anonimato.
"El problema que revelan los Pandora Papers, al igual que lo hicieron los ‘Panama Papers’ hace ya más de cinco años, no es nuevo ni desconocido. Es la evidencia del problema de la industria offshore y la existencia de paraísos fiscales que muestran lo que ocurre cuando la opacidad afecta al sistema financiero internacional”, declaró Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España.
Dijo que “las jurisdicciones con secreto bancario y financiero favorecen la criminalidad económica internacional. Por eso, desde Transparency International venimos insistiendo en la importancia de reforzar mecanismos anti-blanqueo y la necesidad de una completa implementación en Europa de las directivas, el problema de los gatekeepers y la necesidad de lograr un consenso internacional mayor para la transparencia de los registros públicos y la identificación de los beneficiarios últimos o titularidades reales".
Por ello, sostiene que “esta mirada sin precedentes al submundo de la industria offshore” debe crear un nuevo impulso para poner fin “al abuso de las sociedades pantalla que se ha venido haciendo durante décadas”.
La entidad señala que los ‘Papeles de Pandora’ llegan en un momento en que el mundo se está acercando a un nuevo estándar global sobre transparencia corporativa. Transparency International ha pedido al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que exija registros centrales públicos de titulares reales de las empresas en todos los países.
“Esto también evitaría los movimientos entre jurisdicciones que se observa en los nuevos informes. A pesar de la evidencia condenatoria de los ‘Panama Papers’, los proveedores de servicios corporativos y fiduciarios continúan operando con poco escrutinio u obligaciones en muchos países, incluido el propio Panamá”, expone.
Asimismo, considera fundamental que las obligaciones contra el blanqueo de capitales se extiendan también a aquellos intermediarios del sector privado, tal y como son los proveedores de servicios corporativos y fiduciarios, que participan en operaciones susceptibles de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo y que las autoridades de supervisión cuenten con los suficientes medios materiales, financieros, humanos y tecnológicos para poder llevar a cabo correctamente su función de supervisión y control. Por último, al igual que los sujetos obligados por la regulación de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, considera que deben exigirse altos estándares de ética, cumplimiento y competencia en la prestación de servicios corporativos y fiduciarios, incluyendo procedimientos de diligencia debida para prevenir que desempeñen un papel en la facilitación de la corrupción y los delitos financieros.
