La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cerrado hoy filas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su directora, acusados de imputaciones "sin pruebas", y ha sido contundente al defender la postura del Gobierno contra las escuchas ilegales sin autorización judicial: "Tolerancia cero".
Lo que iba a ser una comparecencia en el Congreso para explicar, a petición propia, la Brújula Estratégica Europea y sus implicaciones en la política de defensa de España, se ha convertido en un anticipo de la comisión de secretos oficiales, en la que mañana la directora del CNI, Paz Esteban, dará explicaciones sobre el espionaje a más de 60 políticos independentistas, así como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la propia Robles, a través del sistema Pegasus.
Y es que salvo algunos grupos, como el PP, Vox, Cs y PSOE, que han centrado sus intervenciones en la defensa europea, el resto, incluido Podemos, el socio de Gobierno, han copado su tiempo en exigir ceses y responsabilidades "al más alto nivel" y han apuntado directamente a los servicios secretos como responsables de los ataques a los móviles mediante ese programa de espionaje, que solo pueden comprar los Estados.
Durante las tres horas y media que ha durado la sesión, la ministra se ha esforzado en exculpar del espionaje al CNI, que no se puede defender de acusaciones porque tiene deber de secreto, y a su directora, que, según ha dicho, ha tenido que "aguantar estoicamente" imputaciones "que no se corresponden con la realidad".
Unas imputaciones de las que mañana dará las explicaciones que "considere oportuno" a los diputados en la comisión de secretos oficiales, a la que "llevará la documentación que tenga que llevar", según ha dicho la ministra.
"La única verdad que existe en democracia es la verdad judicial y eso para todo, lo demás es llevar a la plaza pública a alguien que no puede defenderse y eso a mi me horroriza y me espanta", ha recalcado la ministra, quien ha traslado sentirse "particularmente orgullosa" de los 3.000 hombres y mujeres del CNI, de las Fuerzas Armadas, de la Policía y la Guardia Civil y de todos los funcionarios.
Ante las denuncias de la oposición de que el "caso Pegasus" es uno de los más graves episodios que ponen en peligro la democracia, la ministra ha sido tajante: "No es un escándalo político (las escuchas ilegales), son un delito, que es mucho más grave y como es un delito vayamos a los tribunales y es ahí donde se encontrarán siempre con la colaboración del gobierno".
"Tolerancia cero contra los delitos y contra las escuchas ilegales sin autorización judicial", que son "un delito con mayúsculas", y apoyo máximo a los jueces", ha insistido la titular de Defensa, quien ha rechazado que sin ninguna prueba "en un totum revolutum" se diga que todo el mundo esta siendo escuchado ilegalmente por el CNI.
Al respecto, la ministra ha pedido que caiga el "total peso de la ley" si se demuestra que algunas de las escuchas son ilegales, pero ha dicho no poder aceptar como ciudadana, como jurista y como miembro del Gobierno que salga un informe con "elucubraciones".
Para demostrar su plena confianza en el Estado de Derecho y la justicia, la ministra ha avanzado que entregará su móvil al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la denuncia del Gobierno del ataque sufrido a su terminal y al de Sánchez.
No han contentado las explicaciones de la ministra, especialmente a los independentistas y a Unidas Podemos, cuyo portavoz, Pablo Echenique, se ha mostrado muy crítico con su comparecencia porque, a su juicio, la ministra "se ha escondido" en el Gobierno, en el CNI y en un concepto muy limitado de la democracia que es el derecho.
"Señora Robles usted sabe lo que tiene que hacer, no solo por su dignidad sino también por la dignidad del Gobierno", ha zanjado Echenique, quien anteriormente había señalado dos posibles culpables del espionaje: agentes extranjeros o una "célula descontrolada" de los servicios secretos o de las Fuerzas de Seguridad.
"Cualquiera que sea es "imprescindible" que se asuman responsabilidades "al más alto nivel", ha pedido el portavoz de la formación morada en consonancia con los parlamentarios independentistas.
Así, la diputada de ERC Montserrat Bassa ha dejado claro que al independentismo "no se le puede vencer con espionaje", que ha pedido no solo la dimisión de Robles, sino "una cascada de ceses o dimisiones", y ha ironizado si era necesario espiarles por su objetivo de declarar la autodeterminación de Cataluña cuando "llevábamos años anunciándolo".
Menos beligerante han sido el diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien, sin embargo, ha echado en falta, ha dicho, "el ímpetu" de la ministra cuando era jurista en su actuación contra las "cloacas del Estado, y ha denunciado que este "escándalo" requiere de "un dos por uno e investigarlo todo".
A las "cloacas" también se ha referido el diputado de JxCat Josep Pagès, quien ha recriminado a Robles que en una semana se hayan dado tres relatos diferentes: "en España no se espía, luego en España se espía poco y bien y el último que usted dijo en el Congreso que si se espía es porque se lo merecen".
El PP, que ha centrado la mayor parte de su intervención en trasladar el apoyo de su grupo al Gobierno en materia de defensa, ha criticado la forma en que el Ejecutivo hizo público el espionaje a Sánchez y a la propia Robles, a la vez que ha pedido "firmeza" al presidente del Gobierno para detener cualquier plan que venga de lo ministros de Podemos "para echar fango" a las instituciones del Estado.
A la salida de la comisión la ministra no ha querido hacer declaraciones a los medios al asegurar que había sido "clara" durante las más de tres horas de comparecencia, en las que en reiteradas ocasiones ha defendido que siempre dice lo que piensa y que no se suele cortar en sus manifestaciones aunque tiene "un límite por ley.
