Los principales socios parlamentarios del Gobierno se están reservando sus cartas para la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2023, pero de entrada mantienen la Ley de Vivienda y su desbloqueo como una de las principales reivindicaciones sobre la mesa.
Así, y a diferencia de años anteriores, formaciones como Esquerra Republicana, EH-Bildu y el PNV, han optado por un perfil más bajo en los últimos días, sin detallar sus objetivos para la negociación de las nuevas cuentas recientemente acordadas en el seno del Gobierno y ya presentadas en el Congreso.
Esta misma semana, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, explicaba su discreción al respecto asegurando que el Gobierno era más proclive a acordar enmiendas si estas no habían sido conocidas previamente a través de los medios de comunicación, justificando por ello no dar más detalles sobre las propuestas trasladadas al Ministerio de Hacienda.
Desde ERC, se remiten a las declaraciones de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, que en cada intervención ha repetido que el Gobierno "sabe perfectamente" qué persigue su formación. Este martes, tras el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, advertía de que no aceptarán presiones y, en todo caso, señalaba que sin acuerdo para sacar adelante la Ley de Vivienda las negociaciones "empiezan mal"
"Unos Presupuestos que no contemplen la Ley de Vivienda, directa o indirectamente, empiezan mal", aseguró Rufián, que recordaba las exigencias de colectivos de vivienda como la PAH o el Sindicato de Inquilinos, así como el respeto a la regulación catalana.
La portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, valoró el carácter social del proyecto presupuestario, pero también ha reconocido que la negociación presupuestaria debe servir para "presionar y conseguir algo más" del PSOE en la Ley de Vivienda. "Aprovechamos todos los marcos posibles, los peleamos en cada ocasión y los Presupuestos lo son", ha afirmado en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE.
Otras reclamaciones de Bildu pasan por ampliar medidas de protección social, hacer permanentes los nuevos impuestos a energéticas, bancos y grandes fortunas que plantea el Ejecutivo, y rebajar el umbral de la tasa a los ricos para que no se limite a patrimonios superiores a tres millones.
"DIALOGAREMOS Y ERC TENDRÁ QUE PLANTEAR SUS PRIORIDADES"
La Ley de Vivienda fue una de las cuestiones que centraron la negociación en el seno del Gobierno, ante la exigencia de Unidas Podemos, pero finalmente se cerró sin ningún avance, centrándose el acuerdo en la recuperación de prestaciones sociales y medidas de conciliación.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha criticado como "absurdo y ridículo" que, tras alcanzar un acuerdo para los anteriores Presupuestos con su socio, la Ley de Vivienda formara parte de la negociación de las nuevas cuentas, pero asume que puede ser una de las reclamaciones de ERC.
"Si ahora ERC quiere plantear que el Presupuesto tenga en cuenta la Ley de Vivienda, nosotros dialogaremos para conseguir las cuentas públicas y serán ellos los que tengan que plantear sus prioridades", ha dicho en declaraciones a RNE.
AHORA TOCA AL GOBIERNO "SUDAR LA CAMISETA"
Montero asume que, una vez presentados los Presupuestos, ahora le toca "sudar la camiseta" para reeditar los apoyos, con vistas a asegurar una mayoría en la primera votación de las cuentas, prevista para el próximo 27 de octubre, y rechazar las enmiendas a la totalidad que presumiblemente presentarán PP, Vox y Cs para tumbar el proyecto. El plazo aprobado por el Congreso para registrar estas enmiendas finaliza el viernes 21 de octubre.
De superar el debate de totalidad, el Gobierno tendría aún margen para acabar de atar todos los apoyos, ya que el proyecto se examinaría primero en Comisión de Presupuestos y después en el Pleno del Congreso. Las votaciones definitivas para aprobar las cuentas y enviarlas al Senado están previstas para la semana del 21 al 24 de noviembre.
Desde Hacienda reconocen que estos contactos ya se han iniciado con todos los socios y prevén mayor dificultad para alcanzar un acuerdo con ERC, recordando que, hace un año, tanto los republicanos como el PNV amagaron con presentar una enmienda de devolución, finalmente abortada al alcanzar un acuerdo.
En aquella ocasión el entendimiento se alcanzo con asuntos ajenos a las cuentas, ya que con ERC el principal conflicto era la Ley Audiovisual, mientras que en el PNV era el traspaso de competencias al País Vasco en la gestión del ingreso mínimo vital.
LA LEY DE VIVIENDA DISTANCIA A PNV Y PDeCAT
Sin embargo, la Ley de Vivienda es uno de los asuntos en los que el bloque que forman Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu no casa con PNV y PDeCAT, contrarios a la intervención en el mercado inmobiliario que propone el Ejecutivo en su propuesta, y más aún a llevarlo más lejos.
De hecho, desde el PDeCAT su portavoz, Ferrán Bel, celebró tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para los Presupuestos que las nuevas cuentas se desvincularan de este proyecto legislativo, así como del impuesto sobre grandes fortunas, que tampoco comparten.
Desde esta formación optan por ser discretos respecto a sus reclamaciones en la negociación, pero aseguran que trabajarán para "resolver problemas que preocupan en Cataluña" y "conseguir inversiones de ámbito territorial" en esta comunidad.
PNV ASUME QUE COMPETENCIAS Y PGE SON "COSAS DIFERENTES"
Por el PNV, la presidenta del partido en Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha reconocido que el traspaso de competencias y los Presupuestos son "cosas diferentes", si bien ha lamentado la "poca decisión política" del Gobierno para cumplir el calendario.
Los nacionalistas vascos prevén que las conversaciones iniciadas hace 15-20 días con Hacienda se intensifiquen estas semanas con las cuentas ya presentadas, con el objetivo en la negociación de "negociar la vida de los y las ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra".
COMPROMÍS, BNG, PRC Y TERUEL EXISTE
La valoración de Compromís tras la presentación de las nuevas cuentas fue destacar las "luces" de las políticas sociales, pero también sus "muchas sombras", que a juicio de su diputado, Joan Baldoví, están en la inversión prevista en Alicante --"Muy por debajo de las expectativas"--, pero también en Valencia. "Hay un largo camino de negociación", anticipa.
Por parte de Teruel Existe, consideran las cuentas "claramente insuficientes para Teruel, Aragón y la lucha contra la despoblación", y marcan como "condición mínima e inexcusable para apoyar los Presupuestos que se implanten las ayudas al funcionamiento para empresas en zonas muy poco pobladas". Estas ayudas, recuerda, se pactaron en los últimos Presupuestos y todavía no han sido desarrolladas.
Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha condicionado el apoyo a los Presupuestos a que las cuentas contemplen los 33 millones que restan para saldar la deuda del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y las inversiones que se precisan para que todos los tramos del tren de alta velocidad hasta Alar del Rey (Palencia) estén en obras en 2023.
Finalmente, el BNG supedita su apoyo al cumplimiento de acuerdos aún pendientes e inversiones, fundamentalmente ferroviarias para compensar un "atraso histórico" en Galicia, como la falta de red de Cercanías en ninguna de las ciudades, pero también en materia industrial y energético.
