El Tribunal Supremo de Italia declaró ayer prescrito el delito de corrupción en acto judicial por el que fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión en primera y segunda instancia el británico David Mills, ex abogado del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
El Alto Tribunal, según fuentes judiciales, respondió así la solicitud de la Fiscalía de prescribir el delito de corrupción de Mills, por el que también se juzga a Berlusconi en un proceso paralelo que, tras la invalidación de la ley de inmunidad en octubre pasado, estaba aplazado hasta el próximo sábado, fecha prevista para una nueva audiencia.
Los abogados de Berlusconi solicitaron el aplazamiento de su procesamiento en el llamado "Caso Mills" hasta que el Supremo no se pronunciara sobre el abogado británico, a quien dos tribunales milaneses condenaron en 2009 por haber recibido 600.000 dólares a cambio de falsear su testimonio a favor del mandatario en dos juicios en los que éste quedó absuelto
El hecho de que se prescriba el delito para la persona objeto de corrupción (no se absuelve del mismo) puede tener consecuencias para el juicio a Berlusconi como presunto corruptor, un proceso que se separó del de Mills al quedar suspendido tras la aprobación en 2008 de la ley de inmunidad, el llamado "Laudo Alfano".
En su dictamen, el Tribunal Supremo confirma los 250.000 euros de resarcimiento económico al que fue condenado en apelación Mills para la Presidencia del Gobierno italiano, algo que solicitaba la Fiscalía por el "perjuicio" a esa institución en el que el británico incurrió con algunas de sus declaraciones públicas.
Mills fue condenado en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión el 17 de febrero de 2009, sentencia que sus abogados recurrieron ante la Corte de Apelación de Milán, que ratificó el 27 de octubre pasado la pena para el británico por corrupción en acto judicial al falsear su testimonio en los dos procesos.
Esos dos juicios, en los que la Justicia italiana considera que Mills mintió, fueron los que juzgaron el pago de comisiones a funcionarios del Ministerio de Finanzas a cambio de un trato fiscal favorable para Fininvest (1997) y el llamado caso "All Iberian", sociedad que supuestamente falsificó sus balances para financiar ilegalmente varios partidos políticos.
Las fechas han sido determinantes en este caso, pues ayer mismo el fiscal del Tribunal Supremo, Gianfranco Ciani, había solicitado la prescripción del delito, que no la absolución del procesado, aduciendo un cambio en la fecha en la que se consumó el mismo.
Para el fiscal, el tiempo de prescripción de este tipo de delitos (diez años hasta que haya sentencia en firme) empieza a contar desde el 11 de noviembre de 1999, cuando Mills dio las instrucciones para recibir el pago por su falso testimonio, y no desde el 29 de febrero de 2000, como sostuvo el Tribunal de Apelación de Milán en su condena, que fue cuando pudo ya disponer del dinero.
El letrado británico ha seguido desde su residencia de Londres el devenir de todo el proceso, en el que sus abogados, Alessio Lanzi y Federico Cecconi, han sostenido que Mills era ajeno a los hechos que se le imputaron.
Tras conocerse la decisión del Supremo, la defensa del británico mostró su "satisfacción" por la sentencia del Alto Tribunal, a la espera de que la corte difunda las motivaciones de su sentencia en las próximas semanas.
Por su parte, el abogado de Berlusconi, Piero Longo, comentó, en declaraciones a los medios italianos, que, con la decisión del Supremo, se ha demostrado que "la Fiscalía de Milán gana las batallas, pero no la guerra".
El coordinador del partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad (PDL), Denis Verdini, indicó en una nota que con el fallo del Supremo queda en evidencia la "persecución judicial" a la que se ha sometido al mandatario, algo que fue contestado por parte de la oposición, al recordar que la sentencia no absuelve, sino que prescribe, lo que es una "condena moral" al primer ministro.