El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE) tras el anuncio del Ejecutivo autonómico en relación a un protocolo "antiabortista".
Según ha advertido el Gobierno en un comunicado, utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente".
La Junta de Castilla y León anunció el pasado jueves que implantará medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la comunidad como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Ante esto, el Ejecutivo ha asegurado que "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración pública alguna".
Así, el Gobierno español ha matizado que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, y establecer las medidas pertinentes.
Entre los motivos expuestos en el requerimiento, el Gobierno central pide a la Junta de Castilla y León que se abstenga de aprobar y aplicar medidas que vulneren o menoscaben lo establecido en la norma sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y advierte que en caso de haber sido ya adoptada, cese "de inmediato" de culaquier protocolo, acuerdo, instrumento o cumunicación al respecto que establezca "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación" al personal sanitario con la finalidad de "obligar" o "sugerir" a una mujer embarazada que no lleve a cabo su derecho a abortar.
Asimismo, "se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas" y que se comunique al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.
En caso de que el requerimiento no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por parte de la Junta autonómica el Gobierno "no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".
Finalmente, el Ejecutivo estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León "podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".
