Fiscalía insta a imponer pulseras de control para proteger a las víctimas

La fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha instado a los órganos judiciales a actuar "cuando surge la necesidad de proteger a las víctimas" y les ha invitado a imponer los dispositivos telemáticos en los casos en los que se aprecie riesgo de quebrantamiento de una orden de alejamiento.

Peramato ha hecho estas consideraciones antes de participar en la subcomisión para la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género que se celebra en el Congreso de los Diputados al ser preguntada por la instrucción dictada por el Ministerio de Igualdad de instalar estos dispositivos a los agresores que vean recortada su pena de prisión en aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí.

"Cuando surge la necesidad de proteger a las víctimas es necesario que los órganos judiciales actúen", ha afirmado Peramato, que ha señalado que si se detecta un riesgo de incumplimiento de una medida cautelar o de una pena de prohibición de aproximación, "la instalación del dispositivo telemático es una herramienta muy buena para controlar el cumplimiento de esa prohibición".

Es -a su juicio- una medida que aporta "más seguridad y protección a las víctimas" y el plazo para su instalación debería ser "lo más inmediato posible" teniendo en cuenta la dispersión geográfica y el tiempo que necesitan los técnicos.

La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dio una instrucción el pasado mes de diciembre para atender en 24 horas a las mujeres que pidan dispositivos telemáticos de control de sus agresores cuando estos vean recortada su pena de prisión en aplicación de la ley del solo sí es sí.

Sin embargo, hasta la fecha ningún juez ha ordenado esta medida de control para estas víctimas.

Peramato ha afirmado que ya ha trasladado esa información a todos los fiscales de la carrera para que sepan que estas herramientas están a su disposición y para que lo soliciten "cuando concurran los presupuestos y resulte necesario".

Las víctimas, a través de su representación legal, pueden reclamar esta medida de control telemático, y también lo pueden hacer los fiscales o lo puede acordar de oficio un juez, pero es el órgano judicial el que debe acordar la instalación del dispositivo.

No obstante, Peramato ha advertido de que estas pulseras no son "ni una medida ni una pena", sino una herramienta para controlar el movimiento y que la limitación de la libertad ya ha sido acordada por un juez a través de la imposición de una medida cautelar o de una pena.

Por tanto, lo que se hace con estos dispositivos es asegurar la vigilancia del cumplimiento de esa medida o pena. "No supone en sí misma ninguna otra limitación".