La posición que adopte el gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio respecto a la relación con Marruecos y con Argelia, dos países vecinos y estratégicos para España, será una de las cuestiones clave en política exterior y, a tenor de los programas electorales, un elemento de choque con los eventuales socios de coalición tanto de PSOE como de PP.
Desde Sumar, propugnan dar marcha atrás al "cambio de posición" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al Sáhara al respaldar como "la base más sólida, creíble y realista" el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española en la carta que envió a Mohamed VI en marzo de 2021.
Por su parte, Vox denuncia el "constante chantaje por parte de Marruecos" y se compromete a garantizar la protección de Ceuta y Melilla, "cada vez más acosadas" por Rabat para lo cual plantea entre otras cuestiones el despliegue del Ejército en las fronteras en ambas ciudades autónomas, así como en Canarias.
Ambos planteamientos chocan con el tono mucho más conciliador adoptado tanto el PSOE como el PP en sus respectivos programas electorales. Así, los socialistas se comprometen a seguir "profundizando en la nueva etapa" en la relación con Marruecos que abrió la citada carta y el encuentro de Sánchez con el rey alauí el 7 de abril de 2021.
En este sentido, ponen de relieve que se han firmado "una veintena de acuerdos para fortalecer la cooperación en la lucha contra la trata de personas y contra el terrorismo, la cooperación migratoria, o la promoción de las empresas exportadoras y de las empresas españolas en Marruecos".
Por otra parte, el PSOE reafirma el respaldo a la labor del enviado especial de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura, "para alcanzar una solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas" al conflicto y recalca que mantendrá la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), recordando que España sigue siendo "el principal donante bilateral".
El texto no menciona en ningún momento a Ceuta y Melilla, ni siquiera en lo relativo a la reapertura de la aduana con la segunda y la creación de una nueva en la primera que se acordó con Rabat y que el Gobierno ha venido reivindicando como uno de los grandes logros en esta nueva etapa. Ambas aduanas aún no están operativas y solo se han realizado varias pruebas piloto.
Tampoco hay ninguna mención a Argelia, país que retiró a su embajador de Madrid tras el giro respecto al Sáhara, procedió a suspender el Tratado de Amistad tres meses después y ha reducido las importaciones desde España a la mínima expresión desde entonces.
Desde Sumar, la formación que abandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, adoptan una postura que choca frontalmente por la propugnada por el PSOE pero que sin embargo está en línea con la defendida por Podemos durante esta legislatura.
En este sentido, en su programa electoral Sumar se compromete a dar "marcha atrás con celeridad al cambio de posición adoptado en 2022 con respecto al Sáhara Occidental". Asimismo, aseguran que utilizarán "todos los canales de influencia en el conflicto para apoyar plenamente el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".
Además, los de Díaz aseguran que aumentarán "las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos de refugiados saharauis" y que constituirán "una comisión de trabajo sobre la responsabilidad histórica de España con el pueblo saharaui" que deberá proponer "medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición" en relación con la antigua colonia y "la responsabilidad histórica del Estado español".
Por su parte, los de Alberto Núñez Feijóo inciden en que desde la Transición "los diferentes gobiernos han sabido mantener un razonable equilibrio entre Marruecos y Argelia sin olvidar" las responsabilidades de España con los saharauis. "España debe recuperar una política exterior que haga compatible una relación de vecindad profunda y sólida con Marruecos y con Argelia", reivindica el PP.
Para ello, apuesta por una política exterior que sea "fiable, estable y predecible" y que sea "una política de Estado que cuente con el mayor consenso parlamentario posible y, especialmente, una interlocución fluida y permanente con quien lidere la oposición", algo que el PP ha reprochado que no ha ocurrido en lo relativo al Sáhara.
En este sentido, una de las 356 medidas que plantea el PP será impulsar "una relación equilibrada con los países del Magreb en todos los ámbitos: político, económico, comercial, cultural, energético, migratorio y de seguridad". "La relación se basará en el respeto mutuo y en el Derecho Internacional", añade, incluyendo en el mismo saco tanto a Marruecos como a Argelia, pero sin aclarar cómo se tratará de relanzar la relación con Argel.
Los 'populares' tampoco hacen ninguna mención expresa a una vuelta a la posición tradicional de España respecto al Sáhara, en línea con lo manifestado por Feijóo, que ha dicho que no puede pronunciarse al respecto mientras no conozca a fondo todo lo pactado por Sánchez con Rabat, aunque sí aseguran que apoyarán "los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para las partes".
Sí que se habla en su programa de Ceuta y Melilla, aunque no en la profundidad en la que lo hace Vox en el suyo. Así, el PP dice que promoverá "un mayor apoyo del Estado" hacia estas dos ciudades autónomas, atendiendo a "su condición de única frontera terrestre de la Unión Europea en África" y diseñando "un nuevo modelo de financiación en atención a sus especificidades y necesidades singulares".
Por su parte, los de Santiago Abascal se comprometen a garantizar la protección de Ceuta y Melilla, "parte indivisible de España, cada vez más acosadas por Marruecos con la complicidad del Gobierno de Sánchez". En este sentido, apuesta por aumentar el número de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en ambas y por dotarlos de "todos los elementos necesarios para garantizar su seguridad y el adecuado ejercicio de sus funciones, especialmente para frenar las oleadas de inmigración masiva alentadas por el Gobierno marroquí".
Al hilo de esto, procederán al "despliegue militar en las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias para garantizar la protección de esos territorios ante invasiones promocionadas desde estados vecinos", en aparente referencia a Marruecos, "u organizaciones internacionales".
Para completar el blindaje, Vox señala que exigirá "la modificación del Tratado del Atlántico Norte para que este recoja e incluya, de forma explícita, a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla bajo la protección de la OTAN", algo que tanto la Alianza como el Gobierno ven innecesario, ya que sostienen que llegado el caso los aliados apoyarían a España frente a cualquier agresión.
Además, los de Abascal dan a entender que revertirían el giro respecto al Sáhara para garantizar el suministro de gas por parte de Argelia, país al que no mencionan. "Garantizaremos las vías de recepción de gas procedente del norte de África, revirtiendo a tal efecto las recientes acciones en política exterior del Gobierno que perjudican el interés nacional en materia energética", afirman.
Por lo que se refiere a la relación con Marruecos, plantean exigir "la imposición de aranceles a los productos agrícolas" marroquíes "con el fin de que no copen el mercado nacional y europeo en detrimento de los productos españoles.
