El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y la mayor parte de los grupos del Parlamento Europeo, apoyaron ayer el examen por presunta discriminación contra Francia que lleva a cabo la Comisión Europea a raíz de las expulsiones de gitanos de este verano.

La presunta vulneración de valores de la UE y sus libertades fundamentales por parte del Elíseo en el asunto de los gitanos ha centrado buena parte de las intervenciones en el debate en el que la Eurocámara ha analizado la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

“La prohibición en todas las formas de discriminación basada en nacionalidad o etnia es uno los principios fundadores de la UE”, afirmó rotundo ante la Eurocámara el presidente del Consejo.

Al dar cuenta de las conclusiones alcanzadas en la cumbre comunitaria, Van Rompuy apuntó la voluntad de los Veintisiete de seguir trabajando sobre el asunto de los gitanos y también “el derecho y la obligación de la CE de asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria”.

Aunque en los medios toda la atención se ha dirigido a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, y sus polémicas declaraciones en las que comparó la situación en Francia con la Segunda Guerra Mundial, es ante el Tribunal de la UE donde podría librarse la batalla entre la CE y París si finalmente se abre un expediente contra Francia.

Bruselas hará público la semana próxima su análisis legal para comprobar si debe denunciar a Francia por vulnerar el principio de no discriminación y la libre circulación de ciudadanos con la expulsión de gitanos de Rumanía y Bulgaria de su territorio.