Cambian las tornas: hubo una legislatura (la anterior a la actual) con los mimos dirigentes y la misma ideología que los actuales. Proclamaron el craso error de que a ETA se la vencería con el diálogo y el convenio, cuando es obvio que no hay nada que permita la negociación con el delincuente o criminal. No hubo nada que les detuviese en este su empeño, a pesar de que fueron las voces más cualificadas las que se opusieron al método y pese a que la sociedad entera, con escasas excepciones, mostró su desacuerdo con él. Hoy, esos mismos mandilones que cedieron al empuje de los asesinos, se sentaron con ellos y les permitieron rehacerse en sus pertrechas economías, en su potencial armamentístico y en su organización interna, nos dicen lo que se les viene señalando de siempre: que al terrorismo sólo hay una forma de vencerle, encarcelándole y aplicándole las leyes con rigor estricto. Y se jactan de llevarlo a cabo, cuando es evidente que no son ellos los que dirigen la batalla.
Observad que en la mayoría de los casos, las detenciones de terroristas se efectúan en Francia y no en España, lo cual no les impide proclamar que “estamos desarrollando una lucha sin cuartel contra la ETA” y lindezas del mismo jaez. Aún el ministro del Interior se permite aludir a la “rama militar de ETA”, dándoles rango de Estado que puede tener una organización militar. “Hemos atrapado a tantos y cuantos etarras”, nos dicen cuando varios criminales son aprehendidos por las fuerzas de orden de los franceses que parece que tienen mayor capacidad represiva de la delincuencia.
En su anterior pasada por el poder dieron carta de naturaleza a uno de los partidos disfraz con que se presentaron a las elecciones municipales y generales: la desdichada y criminal ANV, anexo inequívoco del terrorismo y que presentaba en sus filas a los mismos que habían formado parte de Herri-Batasuna y de otros conglomerados criminales. Y estaba claro como la luz del día que pertenecían a esa formación. Los terroristas pasaron, mediante ese truco amparado por el Gobierno, a gozar de la financiación de sus tropelías con fondos que eran de todos los españoles e instalados en puestos donde se obtiene la información necesaria para sus delitos. Ahora, después de que un alto tribunal de justicia haya sentenciado que, en efecto, se trata de componentes del terror dan mil y una vuelta al asunto y retrasan la disolución de los ayuntamientos en los que manda esa formación, no encuentran el momento y la forma para desplazarlo, se preguntan si jurídicamente existe la posibilidad de disolverlos y retardan una acción tan necesaria durante meses y meses. Parece que no se deciden a ponerla en práctica, mientras su permanencia es aprovechada por la banda que sigue nutriéndose de los fondos públicos y obteniendo la información privilegiada y sigue asesinando a mansalva, sigue exigiendo al pobre pueblo vasco (totalmente desamparado) un impuesto revolucionario que no es más que un chantaje amparado en la amenaza de muerte. Y se sigue aplazando innecesariamente la ejecución de algo que está ya muy claro: tan claro que las pruebas que tienen les permitirían no sólo disolver esos ayuntamientos y apear del Congreso a los conspicuos terroristas, sino también a encarcelarlos por la sola pertenencia a las siglas con las que se sientan en órganos del poder. Mientras seguimos subvencionando a los criminales y entregándoles el dinero del pueblo, ese que debería de ser tan sagrado para nuestros políticos, a los terroristas; es decir, financiando sus tropelías criminales. Alguien (no sé quien ni con qué autoridad) decide trasladar presos terroristas a las cárceles de vascongadas: nadie rechista, nadie hace nada para poner veto a tanta felonía de la que sabemos que es previa y preparatoria de su excarcelación indebida, cuando tienen cumplidos tres o cuatro años de sentencias que les condenan a miles.
¿A donde vamos? ¿Hemos de aguantar durante otros cuarenta años que las cosas se sigan produciendo de la misma manera y soportando que se nos mate impunemente? He dicho en varias ocasiones que la potente maquinaria de un Estado (¡quisiéramos que fuese de derecho!) es siempre bastante para arrasar a un grupo de delincuentes zarrapastrosos, únicamente amparados por la inequívoca voluntad de nuestros dirigentes de no acabar con ellos.
