El nuevo gobierno popular eliminará 20 de los 63 puestos de confianza que tenía la corporación anterior, formada por PSOE e IU, además de disminuir el 10% el salario de los cargos que se mantienen, ha anunciado hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera de la Diputación, Luisa García Chamorro (PP).
Estos recortes afectarán también a todas las empresas, patronatos y organismos dependientes de la Diputación Provincial, algunos de cuyos responsables o mandos rebajarán su sueldo hasta en 10.000 euros anuales.
"Esta reducción de salarios, más el recorte de los sueldos de los que se mantienen, suponen una disminución del 35 por ciento del dinero que la Diputación de Granada destina a las nóminas de los puestos de confianza", ha asegurado García Chamorro, que ha cifrado el ahorro derivado de estos recortes en 4,4 millones de euros en el mandato.
Además, el PP rebajará el 23 % las asignaciones a los grupos políticos, con un ahorro de 496.000 euros en los próximos cuatro años, con lo que se alcanza una rebaja en el gasto dedicado a cargos de confianza, sueldos, y grupos políticos de 4,9 millones de euros, una cantidad que según García Chamorro "no va a caer en saco roto" ya que se destinará a desarrollar programas que generen empleo.
Para continuar con este plan de "austeridad", García Chamorro ha comunicado que el presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, renunciará a un suplemento mensual de su salario personal de 600 euros al que tiene derecho y que el anterior presidente de la institución, el socialista Antonio Martínez Caler, se había asignado como una "autoayuda para el alquiler de su vivienda habitual".
La vicepresidenta primera de la Diputación ha asegurado que todas estas medidas, que serán debatidas y aprobadas mañana en el pleno de organización de la institución, suponen unas "decisiones históricas" en el ente provincial ya que en los pasados mandatos la "tónica general" fue "engordar" el gasto derivado de los cargos de confianza.
García Chamorro ha lamentado que en el último mandato, como consecuencia del pacto de gobierno entre PSOE e IU, fueran las arcas provinciales las encargadas de "sustentar" este pacto, ya que los cargos de confianza se usaron como "moneda de cambio".