A finales de octubre el Tribunal de Apelación de Suecia validaba la decisión del Juzgado Mercantil de Sevilla de confiscar a la multinacional sueca Boliden casi 141 millones de euros por las presuntas responsabilidades de la catástrofe de la rotura de las balsas tóxicas de la mina que su filial, Boliden Apirsa SL, tenía en España. La importancia de esta validación radica, como ya destacaron desde la Junta de Andalucía, en que la responsabilidad del vertido no debe quedarse sólo en Boliden Apirsa, una filial que está en suspensión de pagos, sino que se debe extender a su empresa matriz. Al complejo entramado judicial que rodea el vertido de Aznalcóllar se une la existencia de una factura que la matriz de Boliden pagó por un peritaje que encargó su filial, lo que podría demostrar la relación entre ambas.

La rotura de la balsa de lodos tóxicos aquel 24 de abril de 1998 dejó, además del desastre medioambiental, un complejo proceso judicial, con la vía penal cerrada y con varios pleitos cruzados. El último episodio, tras la autorización del embargo por parte de la justicia sueca, ha sido la desestimación, por parte de la Audiencia de Sevilla, de la petición de la multinacional Boliden de que se rebajen las deudas que le exige la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por los trabajos de limpieza dentro del concurso de acreedores que presentó, en febrero de 2005, su filial Boliden Apirsa.

La Junta de Andalucía -y la CHG- mantiene su litigio contra la multinacional sueca al entender que las responsabilidades por la limpieza y recuperación del entorno tras el vertido que asumieron las administraciones no pueden quedarse en la filial, sino que debe extenderse a la empresa matriz. De hecho, ésta es la base que fundamenta la petición de embargo del Juzgado Mercantil de Sevilla y que ha respaldado el Tribunal de Apelación de Suecia.

La relación entre ambas empresas podría quedar clarificada gracias a una factura que revela que la empresa matriz se hizo cargo del pago de un informe de peritaje, encargado por su filial, sobre la balsa de Aznalcóllar y que fue abonado después de que ésta entrara en suspensión de pagos (ahora, concurso de acreedores). Así, según ha revelado el ingeniero de minas y criminólogo Miguel Ángel Gallardo, la Fundación Gómez Pardo, dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid, realizó varios peritajes para Boliden Apirsa sobre estas balsas, que fueron elaborados por el subdirector de la Escuela de Minas Ramón Álvarez Rodríguez.

Según se desprende de las facturas, la primera de ellas (por dos informes realizados por Álvarez Rodríguez) fue abonada por Boliden Apirsa SL en abril de 2004, mientras que la segunda -por un peritaje sobre la explotación hídrica de las balsas de Aznalcóllar- fue expedida en octubre de 2005 pero abonada en abril de 2006 por la empresa matriz Boliden Mineral AB, no por la filial.

Estos documentos han sido aportados por la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al propio Miguel Ángel Gallardo dentro de la denuncia por competencia desleal que el ingeniero tiene interpuesta contra el subdirector de la Escuela de Minas, ya que considera que su actividad exclusiva en la Universidad es incompatible con un peritaje de parte como el realizado a Boliden y que se ha utilizado en este complejo proceso judicial. Por estas acusaciones, Ramón Álvarez Rodríguez ha interpuesto una denuncia contra Gallardo por intromisión al honor.