El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, ha desestimado la pretensión de la Junta de Andalucía sobre el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas del Consejo de Gobierno andaluz que solicitó la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en ERE.

La sentencia, dictada este martes, da así luz verde para que Alaya acceda a las actas y señala que "no es procedente la genérica negativa a la remisión de las actas solicitadas por la sola afirmación, sin la necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos".

Por ello, el ato tribunal concluye que las actas de las reuniones del Consejo "son públicas y no tienen carácter reservado" en cuanto al contenido que le es propio y que se contempla en la propia ley de Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía.