Baños, representante de uno de los sectores poblacionales de la capital hispalense más afectados por este fenómeno, ha explicado a Europa Press que ha denunciado hasta en dos ocasiones a este 'gorrilla', del cual pretende una orden de alejamiento, lo que supondría que éste tendría que abandonar por mandato judicial la barriada de Bami.
Los hechos por los que este 'aparcacoches' ilegal fue denunciado se produjeron cuando la líder vecinal recriminó a este hombre su actitud al abordar éste en reiteradas ocasiones a una pareja que acababa de aparcar en las inmediaciones del hospital, con el propósito de que ésta pudiera darle algo de dinero.
Así, el 'gorrilla' reaccionó con gran violencia verbal contra Baños, a la que insultó con varias obscenidades. La continuación de este incidente se produjo cuando, posteriormente, comprobó que este individuo se encontraba esperándola en el portal, mientras que días más tarde también la siguió hasta un bar, llegando a amenazarla de muerte.
Durante el juicio, en el cual Baños no precisó de ninguna declaración testifical más allá de la suya propia, "primero declaró que no me conocía, luego ya cambió y dijo que no creía haberme insultado, y el juez encontró bastante más contundente mi declaración que la suya".
La presidenta de la asociación de vecinos 'Bami Unido', colectivo que se ha erigido con el paso de los años en referencia de la lucha contra este fenómeno en cuanto que supone una actividad de coacción, se ha congratulado de que las autoridades hayan sido capaces de localizar a esta personadas las habituales dificultades para identificar a este colectivo, en el que suele abundar la figura de la persona 'sin techo'.
El pasado mes de noviembre ya trascendió que la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla había cobrado la primera multa a un 'gorrilla', de 30 euros, por ejercer su actividad en las calles de la ciudad desde que se aprobó en 2008 la ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía de la convivencia ciudadana.
La instalación de un nuevo programa informático ha permitido la tramitación de los procedimientos sancionadores por ejercer una conducta coercitiva o de acoso o por ofrecer un lugar para aparcamiento en el espacio público a conductores con la intención de obtener un beneficio económico, no siendo una persona autorizada.