El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 justifica esta decisión en un auto en el que reproduce los argumentos que ya empleó para rechazar la petición del expresidente de Baleares Jaume Matas para que la Audiencia Nacional asumiera esta causa --desgajada del sumario sobre el caso Palma Arena a raíz de la denominada 'operación Babel-- en detrimento del juez de Palma de Mallorca José Castro.
Moreno considera "obvio" que las defraudaciones investigadas en la causa "no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional".
De igual modo, señala que la cifra presuntamente defraudada tampoco puede considerarse como "significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional".
Asimismo, recuerda que el propio Tribunal Supremo ha venido interpretando restrictivamente el precepto que regula la competencia de la Audiencia Nacional y en un auto de septiembre de 2004 falló en contra de enviar a este órgano una causa relativa a una defraudación del IVA por valor de 21 millones de euros, "cifra esta muy superior a la que se dice puede ascender el importe de defraudación" en la causa contra Urdangarín.
"DUPLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS"
Entre los argumentos expuestos por el juez Moreno también se encuentra que en la causa "no constan mínimamente acreditados" datos suficientes como para poder llegar a la conclusión de que exista "una generalidad de personas perjudicadas", lo que también justificaría la competencia de la Audiencia Nacional.
Según explica, la apertura de una investigación en su juzgado por los delitos imputados "difícilmente" podría llevarse a cabo sin originar "una duplicidad de procedimientos" y que varios órganos judiciales conocieran "de unos mismos hechos".
Manos Limpias atribuía al Duque de Palma y a sus socios los delitos de estafa, tráfico de influencias, falsedad documental, delito societario, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas por los contratos que el Instituto Nóos habría obtenido de la Comunidad Valenciana y Baleares.
CONVENIO CON MADRID Y LA SGAE
Además, el sindicato pedía que se investigara un convenio que el organismo "sin ánimo de lucro" firmó con el Ayuntamiento de Madrid y las relaciones que mantuvo con la Sociedad General de Autores de España (SGAE).
En el primer caso señala que el contenido de la querella es "una mera enumeración" en la que no se aporta "un mínimo de indicios de presuntas ilegalidades que permitan o sean base para iniciar una investigación criminal", ya que la información proviene de una página web y varios artículos de prensa.
En el caso de la SGAE recuerda que sus actividades ya están siendo investigadas por otro juez de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz.
