El presunto líder de la trama de corrupción 'Gürtel', Francisco Correa, saldrá de la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra por orden del juez Baltasar Garzón desde el pasado 15 de febrero de 2009, si consigue depositar una fianza de un millón de euros.

Así lo ha acordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en un auto en el que acepta parcialmente un recurso de la defensa de Correa y le impone como medidas cautelares, en el caso de que consiga abonar la fianza, la obligación de comparecer diariamente en la comisaría más próxima a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

El tribunal, que ha adoptado esta medida en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, entiende que aunque el juicio se celebrará previsiblemente "en fechas lejanas", no hay necesidad de "agotar" el plazo de cuatro años de prisión provisional que contempla la ley, que se cumplirá el 15 de febrero de 2013.

"No entendemos la razón de tener que agotar dicho plazo para evitar el riesgo de fuga del recurrente, cuando, quien así piensa, debemos precisar que dicho riesgo se tendría que asumir, guste o disguste, en fecha 15 de febrero de 2003, día en el que el inculpado obtendría su libertad provisional por imperio de la ley", sostiene el tribunal.

VIGILARLE "MAÑANAS, TARDES Y NOCHES"

Los magistrados Ángela Murillo (presidenta y ponente), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel descartan controlar a Correa mediante una pulsera u otros medios telemáticos, como propuso su abogado, José Antonio Choclán, argumentando que estos dispositivos presentan "muchos fallos que han propiciado la fuga de múltiples individuos en libertad provisional pero sometidos a la acción de la justicia".

"Para tratar de lograr semejante objetivo, resultaría necesario encomendar a un elevado número de funcionarios la única y exclusiva función de vigilar todos los movimientos de Francisco Correa Sánchez, minuto a minuto, mañanas, tardes y noches de todos los días --dice el auto--. Y aún así no se lograría ese 100% de seguridad porque nada resulta imposible en esta vida".

Los jueces de la Audiencia Nacional también critican al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en septiembre de 2010 anuló la fianza de 15 millones de euros impuesta por el instructor Antonio Pedreira y le sugirió las medidas de control telemático, porque no quiso abordar la cuestión "en el fondo" y utilizó "vericuestos de escaso alcance jurídico".

En este sentido, señalan que el TSJM impuso a Pedreira la facultad de dictar la prisión provisional de Correa con unas condiciones de "imposible cumplimiento", de forma que parece que lo que pretendían sus magistrados era que la Policía asumiera "el más mínimo riesgo de fuga, por ínfimo" que resultara.

"Las personas que tienen que asumir el riesgo de fuga de cualquier

individuo privado de libertad (...) somos las que encarnamos el Poder Judicial y, en concreto, aquélla o aquéllas que acuerden tal cambio de posición", señala la resolución judicial antes de recalcar que el tribunal asume la "carga" de que Correa pudiera escaparse "intentando minorizarla al máximo".

CORREA, PADRE DE FAMILIA

La Sección Cuarta ha adoptado esta decisión tras celebrar una vista de apelación en la que la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la petición de libertad provisional formulada por la defensa de Correa y defendió la necesidad de que el presunto cabecilla de la trama permaneciera en prisión por el "elevado riesgo de fuga" que sigue concurriendo en su caso.

Choclán, en un informe que el propio tribunal califica de "lúcido", defendió que su cliente ha cumplido ya casi tres años en la cárcel, que sólo le queda un año para que se cumpla el tiempo máximo que puede permanecer en prisión provisional y que tiene "arraigo" en España al ser "padre de familia" y tener "domicilio continuo" en nuestro país.

Correa, que se hacía llamar 'don Vito', está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, cohecho, falsedad documental y asociación ilícita. En junio de 2010 Pedreira le impuso una fianza de 15 millones de euros aunque ésta fue anulada en septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que sugirió al juez que le impusiera medidas de control telemático que éste no llegó a adoptar.