Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el origen de la causa es una casa heredada de los padres de esta vecina, que pretendía rehabilitar para habitarla, pero debido al interés municipal de demoler la vivienda para construir en su lugar una plaza, ésta propuso que le facilitaran otra vivienda y al no llegar a un acuerdo, "se le negó la licencia de obras" para restaurar la casa en la década de los 90.
En 2003, ya siendo alcalde Carlos Sánchez, la denunciante llega a un acuerdo con éste por el que el Ayuntamiento quería obtener la propiedad del inmueble y realizar la operación de apertura de espacios públicos, "dándole un valor a la propiedad ínfimo por su declaración de ruina", y se le aseguraba de palabra que se iba a urbanizar el núcleo residencial 'Los Almendrales', que eran terrenos no urbanizables, así como que a la hermana de la denunciante se le daría el 50 por ciento de la valoración de la casa en dinero, que asciende a más de 13.000 euros.
Sin embargo, según reza en la denuncia, la denunciante se siente "profundamente engañada" por Sánchez, ya que el referido acuerdo "nunca fue presentado en Pleno", a lo que añade que su hermana "no fue llamada para la suscripción del contrato por parte del Ayuntamiento que quedó obligado a ello, por tanto, no se ha producido en ningún momento la cesión del 50 por ciento de la cuota de propiedad, ni tampoco se realizó expediente de expropiación", pero finalmente derribó la vivienda.
A su vez, el exalcalde le dijo "verbalmente" a esta vecina que podía construir una casa en la urbanización 'Los Almendrales', e incluso firmó para que se le diese el suministro de luz para dicha finca, "un acuerdo en el que se recogía que se iba a legalizar la situación de las fincas que habían en la zona".
Sin embargo en 2004 hubo dos órdenes, una de paralización de la obra de la nueva vivienda de 'Los Almendrales' y otra de demolición, y en diciembre de 2005 una multa de más de 67.000 euros que a fecha de mayo de 2010 ascendía a 88.439, embargándosele la cuenta de esta vecina.
Según reza el auto judicial, el exprimer edil está citado a declarar por estos hechos el próximo 5 de marzo, tres días después de que tenga que declarar en otro juzgado de La Palma por presunta implicación en la adjudicación a la empresa Cespa del servicio de recogida de basuras del municipio en 2006, a pesar de que, según reza en este otro auto, "conocía que no contaba con el dinero suficiente para hacer frente al contrato".