En este sentido, las mismas fuentes han explicado que los sospechosos, identificados como M.L.A., P.G., A.G., y A.I., están imputados inicialmente por un presunto delito de estafa, pues supuestamente se hacían pasar por fiscales o peritos judiciales y aseguraban que adjudicaban pisos o fincas embargados antes de su subasta, todo lo cual era ficticio, pues los afectados pagaban un dinero por el que no recibían inmueble alguno.
Los imputados llegaron a realizar estas supuestas adjudicaciones previas a las subastas en las propias dependencias judiciales de Sevilla capital y también de Huelva, actuación con la que consiguieron estafar más de dos millones de euros a unas 20 personas afectadas, entre las que se encuentra un exdiputado andaluz. Además, decían que podían adjudicar estos pisos a la mitad de su precio real.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, los imputados, que llegaron a falsificar distinta documentación, habrían estado llevando a cabo estas actuaciones durante alrededor de dos años, hasta que fueron detenidos por la Policía Nacional, quien ha realizado varios registros domiciliarios y ha intervenido abundante documentación y algunos ordenadores, que están siendo analizados.
ENTRE LOS IMPUTADOS, UN SOBRINO DEL BOXEADOR URTAIN
El Juzgado, que ha mantenido el caso bajo secreto de sumario hasta hace unos días, ha enviado a prisión a M.L.A., P.G. y al sobrino de Urtain, mientras que A.G. se encuentra en libertad, todos los cuales están imputados por un delito de estafa. Para el próximo miércoles están citadas en el Juzgado algunas de las personas afectadas.
Sobre este particular, el abogado del sobrino del boxeador Urtain, Julián Rabadán, ha defendido en declaraciones a Europa Press que su cliente "es total y absolutamente inocente, pues no ha engañado ni se ha llevado ningún dinero", simplemente "tuvo la mala fortuna de estar un día en un lugar equivocado", por lo que se ha mostrado convencido de que saldrá de prisión.