La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública.
LA TRAMA DE LOS ERE
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias.
Pues bien, un reciente atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fechado el 25 de enero de 2012 da cuenta de los aspectos relativos al expediente de regulación de empleo (ERE) que, en 2006, se saldó con la prejubilación de 26 trabajadores de la sociedad anónima 'Surcolor'. Y es que dos vecinos de Camas (Sevilla), uno de ellos marido de una exconcejal del PSOE y otro familiar del otrora alcalde y delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, gozaron de pólizas de seguro de rentas gracias a este ERE pese a que jamás trabajaron en esta empresa.
EL ERE SENCILLAMENTE "NO SE HABÍA TRAMITADO"
Entre otros aspectos, en un auto de fecha 27 de enero recogido por Europa Press la juez Mercedes Alaya avisa de que la totalidad de las prejubilaciones o despidos implicados en este procedimiento "serían nulos", porque las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo fueron consumadas "sin mediar solicitud o protocolo de colaboración y sin exigir la previa resolución del delegado provincial de la Consejería de Empleo autorizando la extinción de los puestos de trabajo, ya que se daba la circunstancia de que no se había tramitado el preceptivo ERE".