El alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de Instrucción número 3 que lo condena a pagar una multa de 1.200 euros por una falta contra el orden público en el marco de una manifestación de protesta en la que participó el 13 de diciembre de 2010 y en la que incluso resultó lesionado un agente del Cuerpo Nacional de Policía, ya que considera que el fallo es "injusto, gratuito e irreal", pues "no hubo ningún agente herido".
Y es que el Juzgado instructor celebró este lunes el juicio por estos hechos y dictó una sentencia 'in voce' en la que condenó a Sánchez Gordillo a la pena de 60 días de multa a razón de 20 euros diarios por una falta contra el orden público, mientras que el segundo de los denunciados, Antonio A.F., fue condenado al pago de 600 euros por sendas faltas contra el orden público y de lesiones, además de una indemnización de 300 euros por las lesiones a un funcionario policial.
En declaraciones a Europa Press, Sánchez Gordillo ha dicho que "es radicalmente falso" que un agente del Cuerpo Nacional resultara herido en el marco de la manifestación, por lo que se trata de un hecho "absolutamente irreal" y, por tanto, de una sentencia "injusta y gratuita" que "se basa únicamente en la palabra del policía frente a la mía" y la de la otra persona denunciada.
"NI ACATO NI ASUMO" LA SENTENCIA
"Ni acato ni asumo la sentencia, porque es una condena ridícula que no tiene nada que ver con la realidad de los hechos acaecidos, ya que ni hubo agente herido ni alteración del orden público", según ha lamentado el alcalde de Marinaleda, quien ha explicado que no acudió a la vista oral celebrada este mismo lunes "porque he decidido no acudir a ningún juicio".
Tras aseverar que se trata de "una farsa monumental", ha relatado que la manifestación que ha dado lugar a la condena se produjo el 13 de diciembre de 2010 al objeto de protestar por el hecho de que la Agencia Andaluza del Agua no ejecutara el proyecto para evitar el desbordamiento del arroyo de El Espartal, desbordamiento que incluso había inundado viviendas del municipio.
Según la denuncia interpuesta por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), el día de autos partieron desde la localidad de Marinaleda varios autobuses con el objetivo de entrar en la Agencia Andaluza del Agua, lo cual fue evitado por la Policía, tras lo cual se dirigieron a la oficina de Recaudación del Ministerio de Economía y Hacienda y, a continuación, a sendas oficinas bancarias del casco histórico.
CORTE DEL TRÁFICO RODADO
Finalmente, se trasladaron hacia el Palacio de San Telmo, donde "cortaron el tráfico" de la avenida de Palos de la Frontera; en uno de los lugares citados, un agente policial resultó lesionado y fue atendido incluso en Urgencias, han apuntado las fuentes consultadas por Europa Press, quienes han precisado que todos estos hechos fueron denunciados por el sindicato policial, personado como acusación particular en el proceso.
